El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley de amnistía al concluir que no vulnera el Derecho comunitario ni la directiva europea sobre terrorismo. La corte de Luxemburgo considera que la norma, impulsada para los implicados en el procés, perseguía reducir las tensiones políticas e institucionales y favorecer la reconciliación, por lo que descarta que pueda calificarse como una autoamnistía.
La sentencia responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la aplicación de la amnistía a los delitos de malversación y terrorismo. El TJUE sostiene que la utilización de fondos públicos para organizar el referéndum del 1-O no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y que la ley respeta la normativa comunitaria en materia de terrorismo al excluir los casos que impliquen graves violaciones intencionadas de derechos humanos.
Puigdemont tendrá que esperar
No obstante, el tribunal introduce algunos matices. Considera que el plazo de dos meses fijado por la ley para aplicar la amnistía no puede impedir el correcto desarrollo de una cuestión prejudicial ante el propio TJUE. Por ello, avala que los jueces españoles mantengan las medidas cautelares, incluida la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont, mientras existan dudas pendientes de resolver en Luxemburgo.
La resolución también concluye que la ley no vulnera los principios de igualdad, no discriminación, primacía del Derecho de la Unión ni cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones europeas. Pese al respaldo del TJUE, el regreso de Puigdemont a España sigue condicionado a la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía.
«Sentencia rotunda»
Ante esta sentencia, el abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha sido contundente: «Ha venido a dar un aval rotundo a la ley de amnistía». Boye, además, ha asegurado que la sentencia del TJUE «cierra un debate jurídico que nunca debería haber salido».
