El gobierno de Jaume Collboni ha sufrido este viernes un nuevo revés en el Ayuntamiento de Barcelona. El pleno municipal ha rechazado la propuesta de ordenanzas fiscales para 2027, que incluía entre sus principales medidas elevar del 1,17% al máximo legal del 1,3% el tipo específico del IBI aplicado a los inmuebles destinados a ocio y hostelería.
La propuesta central del gobierno socialista únicamente ha contado con los votos favorables del PSC y ERC. Junts, PP y Vox han votado en contra, mientras que la abstención de Barcelona en Comú ha resultado determinante para impedir que las nuevas ordenanzas salieran adelante.
El rechazo supone que queda frenada, entre otras medidas, la subida prevista del IBI para los hoteles de mayor valor catastral. Actualmente, el tipo específico aplicado a los inmuebles de ocio y hostelería se sitúa en el 1,17%, después de la subida aprobada para 2025, y el gobierno municipal pretendía llevarlo en 2027 hasta el 1,3%, el máximo permitido legalmente.
Más recargo para los cruceristas de escala
El fracaso de las ordenanzas no ha impedido que el pleno sí sacara adelante otras modificaciones fiscales vinculadas al turismo. Entre ellas figura el incremento progresivo del recargo municipal de la tasa turística que pagan los cruceristas de escala, aquellos que permanecen menos de doce horas en Barcelona.
También ha prosperado la modificación relativa a los albergues juveniles. Estas medidas han contado con el apoyo de Junts y ERC, mientras que Barcelona en Comú, PP y Vox han votado en contra.
El debate ha vuelto a evidenciar el enfrentamiento entre el PSC y los Comuns por la política turística de Barcelona. El teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, ha reprochado a BComú su negativa a respaldar la propuesta municipal y ha considerado que su posición beneficia a los sectores turísticos que habitualmente critica.
Desde Barcelona en Comú, Gemma Tarafa ha cargado, por su parte, contra el gobierno de Collboni por no endurecer suficientemente la fiscalidad sobre los cruceristas de escala y ha cuestionado la reducción de la presión fiscal sobre los albergues.
Junts ha defendido diferenciar la fiscalidad en función del tipo de visitante, aunque ha criticado que la buena situación económica de la ciudad no se traduzca en una menor presión fiscal para los barceloneses. ERC, en cambio, ha respaldado las medidas planteadas por el ejecutivo municipal al considerar que permiten avanzar hacia una fiscalidad turística más justa.
El PP también ha rechazado las ordenanzas y ha acusado al gobierno de Collboni de recurrir a las subidas de impuestos siempre que dispone de margen para hacerlo.
