Las nuevas medidas urgentes en materia de vivienda aprobadas por el Gobierno español han provocado ya las primeras reacciones entre constructores y promotores. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) asegura haber recibido «muchas llamadas» de empresas que han decidido detener proyectos de obra nueva destinados específicamente al alquiler, el modelo conocido en el sector como build-to-rent, según recoge ON Economía.
El presidente de la patronal, Xavier Vilajoana, sostiene que las medidas son «parches» que no afrontan los problemas estructurales del mercado de la vivienda y, por tanto, no solucionarán las dificultades de acceso.
«El sector en global no se paralizará, pero queda claro que no se construirá vivienda para destinarla a alquiler y que las promociones iniciadas pero todavía no comercializadas van directamente al mercado de la compraventa desde ahora mismo», ha afirmado Vilajoana durante una rueda de prensa.
La patronal considera que las nuevas medidas concentran los esfuerzos en intervenir sobre el parque de alquiler ya existente, pero no abordan las cuestiones que, a su juicio, deberían modificarse para facilitar un aumento de la oferta.
Críticas por la Ley del Suelo
Entre las principales reclamaciones del sector figura la reforma de varios aspectos de la Ley del Suelo. Vilajoana ha reprochado a los partidos políticos que algunas medidas que figuraban en los primeros borradores de los decretos hayan acabado desapareciendo.
En concreto, el presidente de APCE se ha referido a la modificación de dos artículos relacionados con los procesos de planeamiento urbanístico, cuya reformulación, según ha recordado, lleva una década pendiente.
Actualmente, según ha explicado, un defecto menor o de carácter formal en un proyecto de planificación urbanística puede provocar la nulidad total del plan en lugar de permitir que se corrijan únicamente los aspectos afectados.
Esta situación arrastra los desarrollos e instrumentos vinculados al proyecto y obliga a reiniciar el procedimiento administrativo. «Se tiene que empezar todo el proceso administrativo desde cero, con lo que eso implica», ha denunciado Vilajoana.
«Para atacar al 4 %, se castiga al 96 % restante»
El presidente de la patronal también ha defendido el papel de los promotores y constructores en la creación de vivienda protegida. Según los datos aportados por APCE, el sector es responsable del 85 % de la oferta de vivienda de protección oficial en España.
«No puede recaer en ellos el peso de los errores que ha cometido la Administración; el sector privado no es el culpable», ha sostenido Vilajoana. A su juicio, uno de los problemas fundamentales es el reducido peso del parque público de vivienda asequible. El presidente de APCE considera que la situación no se solucionará hasta que el 10 % de la oferta del parque de vivienda pública tenga precios asequibles.
Vilajoana también ha cuestionado que las medidas destinadas a combatir determinadas prácticas en el mercado del alquiler terminen afectando al conjunto del sector. «Se tiene que ir con cuidado con qué definimos como especulación: lo que no se puede hacer es intentar detener al 4 % de los propietarios de pisos para alquilar atacando al 96 % restante», ha afirmado.
Las medidas que sí gustan a los promotores
APCE valora, sin embargo, positivamente algunas de las medidas incluidas en los decretos ley. Una de ellas es la extensión del tipo superreducido del IVA del 4 % a la vivienda de protección oficial, una medida que, según la patronal, facilitará que estas viviendas puedan llegar a las familias a precios limitados.
También considera favorables las medidas destinadas a facilitar la financiación, entre ellas las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 2.000 millones de euros para promover vivienda de alquiler social y asequible y otros 280 millones destinados a la construcción industrializada.
Vilajoana también ha realizado una primera valoración positiva de algunas de las medidas anunciadas por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Cataluña.
Entre ellas ha destacado los préstamos de emancipación destinados a ayudar en la compra de una vivienda a personas de hasta 40 años. También se ha mostrado esperanzado ante la creación de un fondo de 25 millones de euros para evitar desahucios de personas vulnerables.
Pese a ello, el presidente de APCE ha advertido tanto al Gobierno español como a la Generalitat sobre el coste de las nuevas políticas de vivienda. A su juicio, las administraciones están adoptando medidas sin calcular previamente su impacto económico y «corren el peligro de sobreendeudarse».
