La política migratoria de Pedro Sánchez ha abierto un frente de críticas internacionales que ya no se limita a los gobiernos europeos más conservadores. Desde la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen hasta el primer ministro polaco Donald Tusk, pasando por la italiana Giorgia Meloni, el checo Andrej Babiš y el presidente estadounidense Donald Trump, distintos dirigentes han cuestionado en los últimos días la gestión migratoria del Gobierno español. Las críticas se centran especialmente en la regularización masiva de inmigrantes y en la crisis registrada este verano en Ceuta.
El último en pronunciarse ha sido Donald Tusk, que ha revelado en un vídeo publicado en sus redes sociales que mantuvo una «confrontación bastante dura» con Sánchez durante el Consejo Europeo celebrado el pasado viernes en Bruselas. Según ha explicado el primer ministro polaco, el presidente español defendió una política migratoria que considera fracasada por su excesiva apertura.
Tusk ha asegurado que Polonia, Italia y Dinamarca formaron un frente común para reclamar un endurecimiento de la política migratoria europea y que sus posiciones encontraron el respaldo de buena parte de los líderes presentes en la reunión.
El primer ministro polaco ha sostenido, además, que España quedó prácticamente sola en la defensa de su modelo y ha reivindicado las restricciones aplicadas por su país en el control de fronteras y la admisión de solicitantes de asilo.
Dinamarca e Italia encabezan la ofensiva europea
Una de las voces más críticas con Sánchez ha sido la de Mette Frederiksen. La primera ministra de Dinamarca, pese a compartir con el presidente español su pertenencia a la familia socialdemócrata europea, ha pedido a la Comisión Europea que examine la regularización masiva aprobada por el Gobierno.
Frederiksen considera que permitir la permanencia legal de personas que han entrado irregularmente contradice la orientación que está adoptando buena parte de la Unión Europea. Su posición refleja la distancia entre dos gobiernos socialdemócratas que mantienen estrategias muy diferentes en materia de inmigración.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha encabezado las presiones para que la Unión Europea refuerce el control de sus fronteras exteriores y adopte medidas destinadas a reducir los factores que, a juicio de estos gobiernos, favorecen la inmigración irregular.
Italia, Dinamarca y Polonia impulsaron una propuesta para modificar las conclusiones del Consejo Europeo e introducir referencias a la necesidad de evitar el llamado efecto llamada y de mejorar la coordinación entre los Estados miembros cuando sus decisiones migratorias puedan afectar a otros países.
La iniciativa no prosperó porque las conclusiones requieren unanimidad. Sin embargo, dejó patente el desacuerdo de numerosos socios comunitarios con la estrategia española.
Usar la inmigración para mantenerse en el poder
Entre las declaraciones más contundentes destacan las del primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, que ha acusado a determinados políticos europeos de promover la inmigración para conservar sus cargos. Babiš ha señalado directamente a España y ha sostenido que algunos dirigentes están dispuestos a «sustituir a la población» mediante la inmigración para mantenerse en el Gobierno. Se trata de una acusación política del mandatario checo, no de un hecho acreditado.
Sus críticas no son nuevas. En agosto ya cuestionó la regularización española por considerar que respondía a intereses electorales y anteriormente había llegado a plantear la posibilidad de excluir temporalmente a España del espacio Schengen.
También el canciller austríaco, Christian Stocker, ha cuestionado la decisión del Gobierno español. Stocker considera que una regularización de gran alcance transmite una señal equivocada cuando la Unión Europea intenta reducir las entradas irregulares. El dirigente austríaco ha planteado, además, sus dudas sobre las posibles consecuencias de estas decisiones nacionales para el resto de países europeos y ha reclamado una mayor coordinación entre los gobiernos.
Hungría y la crisis de Ceuta
Las críticas también han llegado desde Hungría. Su primer ministro, Péter Magyar, cuestionó en septiembre, junto a Babiš, la ayuda de 200 millones de euros concedida por la Comisión Europea a España tras la crisis migratoria de Ceuta. Ambos dirigentes consideraron que el Gobierno español no había cumplido adecuadamente su responsabilidad en la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Magyar ha defendido además una política migratoria restrictiva y ha utilizado los recientes disturbios en Francia para reivindicar la firmeza de los controles fronterizos húngaros. Aunque estas últimas declaraciones no constituyen una crítica directa a Sánchez, reflejan el endurecimiento de las posiciones de varios gobiernos europeos en materia migratoria.
Sin acción frente a la inmigración
Fuera de la Unión Europea, Donald Trump también ha situado a España en el centro de sus críticas. El presidente de Estados Unidos aseguró este martes, durante una comparecencia en la Casa Blanca, que España había sido «invadida de forma repentina y masiva» por inmigrantes y acusó al Gobierno de Sánchez de no adoptar medidas suficientes.
Trump se refirió a los episodios registrados este verano en Ceuta y presentó la situación española como ejemplo de las consecuencias que, a su juicio, puede tener una política migratoria demasiado permisiva.
El mandatario estadounidense defendió su propia estrategia de endurecimiento de las fronteras y aumento de las deportaciones. Sus afirmaciones sobre la supuesta pasividad española forman parte de su valoración política y no equivalen a una constatación independiente de la actuación de las autoridades.
El Gobierno español ha rechazado las críticas de Trump. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido de los intentos de actores externos de alimentar la división en las sociedades europeas.
Sánchez defiende su modelo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido que las regularizaciones son competencia de los Estados miembros, aunque ha advertido de que pueden tener repercusiones sobre otros países del espacio Schengen. Von der Leyen ha reclamado una mayor coordinación y ha insistido en la necesidad de reducir los incentivos a la inmigración irregular. También ha anunciado una propuesta de respuesta europea ante emergencias migratorias antes de que termine el año, después de los acontecimientos registrados en Ceuta.
No obstante, la Comisión Europea no ha establecido una relación causal entre la regularización española y aquella crisis. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha rechazado anteriormente esa vinculación.
El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha defendido que la inmigración irregular constituye uno de los principales desafíos de Europa, aunque sus declaraciones generales no suponen necesariamente un reproche directo a la regularización española.
Frente a estas posiciones, Sánchez ha defendido su gestión y ha asegurado que España es un «alumno aventajado» en la lucha contra la inmigración irregular. El presidente ha destacado la reducción de las llegadas por la ruta atlántica y los resultados de los controles fronterizos, al tiempo que ha rechazado las críticas de sus socios como discursos alejados de los datos.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido una de las voces que han salido en defensa de España. Macron ha reclamado solidaridad ante la crisis de Ceuta y ha pedido que el debate migratorio se aborde desde el respeto a los hechos y a los derechos humanos.
La discusión ha puesto de manifiesto una división creciente entre los gobiernos que reclaman restricciones adicionales y los que, como el español, defienden la regularización como herramienta de integración. Una fractura que se ha hecho especialmente visible en Bruselas y que adquiere una dimensión política añadida ante las elecciones generales españolas del próximo 29 de noviembre.
