La Audiencia Nacional ha dado luz verde a ampliar la investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con sus negocios en Bolivia. La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso presentado por su defensa y ha avalado la decisión del juez José Luis Calama de incorporar a la causa del caso Plus Ultra un informe policial sobre los 200.000 euros que el exdirigente socialista habría cobrado entre 2024 y 2025 a través de una sociedad peruana.
Según las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), estos pagos podrían corresponder a gestiones realizadas por Zapatero ante las autoridades bolivianas en beneficio del grupo empresarial peruano Gloria.
El dinero se habría canalizado a través de Focus Social Research SAC, una sociedad cuyos pagos están siendo analizados por los investigadores ante la sospecha de que pudieran encubrir remuneraciones por el ejercicio de influencias.
La Justicia rechaza que se trate de una investigación prospectiva
La defensa de Zapatero había solicitado que el informe policial quedara excluido del procedimiento al considerar que los agentes habían llevado a cabo una investigación indiscriminada sobre las actividades económicas y profesionales del expresidente, sin una autorización judicial específica.
Sus abogados denunciaban que la UDEF había analizado 174 transferencias bancarias procedentes de once pagadores diferentes, así como los movimientos registrados durante un periodo de cinco años en una cuenta del Banco Santander. Según la defensa, buena parte de estas operaciones correspondían a actividades profesionales ajenas a los hechos investigados, lo que supondría una vulneración del derecho a la intimidad económica.
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha desestimado estos argumentos. Los magistrados consideran que las pesquisas sobre los pagos de Focus estaban justificadas por su posible conexión con los hechos investigados en el caso Plus Ultra y que, por tanto, no constituyen una investigación prospectiva.
El tribunal señala que las sospechas policiales surgieron del análisis de documentación obtenida durante registros autorizados judicialmente, de información financiera y de conversaciones de WhatsApp intervenidas a la secretaria de Zapatero.
Este material, según la resolución judicial, apunta a una posible intervención del expresidente socialista ante las autoridades de Bolivia para favorecer los intereses del grupo Gloria, una actividad por la que podría haber recibido una remuneración a través de Focus.
Una presunta red de influencias vinculada al caso Plus Ultra
La resolución judicial sitúa estos nuevos indicios en el contexto de la investigación sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.
La UDEF investiga la existencia de una presunta organización criminal que, según la hipótesis policial recogida en la causa, estaría liderada por Rodríguez Zapatero y se dedicaría al ejercicio de influencias ilícitas a cambio de pagos que podrían haber sido justificados mediante contratos de asesoramiento simulados.
Los magistrados consideran que la documentación intervenida permite investigar si las operaciones relacionadas con Bolivia formaban parte de una estructura empresarial más amplia que la vinculada inicialmente al rescate de Plus Ultra.
En este sentido, la resolución también hace referencia a los planes de expansión internacional de la presunta trama. Según un auto judicial de mayo de 2026, se había proyectado una expansión a Dubái, con operaciones empresariales en Emiratos Árabes Unidos y varios países de América Latina.
El plan de negocio contemplaba obtener unos tres millones de dólares en beneficios durante los cinco años siguientes.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional confirma que el juez Calama puede continuar investigando el origen y la finalidad de los pagos recibidos por Zapatero y su posible relación con un nuevo delito de tráfico de influencias. La resolución avala las diligencias policiales, aunque no supone que los delitos investigados hayan quedado acreditados.
