La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, más conocida como la DGAIA, está hoy en el ojo del huracán por el escándalo de la presunta red de pederastas que habría abusado de una menor tutelada por este organismo durante años. La situación se ha agravado tras conocerse este jueves que la Oficina Antifrau investiga una denuncia de un educador social sobre un posible fraude en lo relativo a las ayudas que la DGAIA otorga a jóvenes extutelados pero que aún dependen de la Administración, según ha publicado La Vanguardia.
En el centro de esta supuesta trama, según el mismo medio, estaría la Fundació Resilis y la UTE formada entre esta empresa y la Fundació Mercè Fontanilles. Esta entidad se encarga del seguimiento y valoración de la prestación económica que reciben estos jóvenes por parte de la DGAIA. Al parecer, el denunciante habría dado a conocer los hechos tanto a la DGAIA como a la UTE, sin que estas hubieran tomado medidas. El problema estalló cuando el educador social fue obligado por sus superiores a emitir «documentación falsa» para justificar estos pagos. Antifrau ha otorgado al denunciante la protección necesaria para evitar que sus superiores puedan tomar represalias y, además, ha remitido la denuncia y la documentación a la Sindicatura de Comptes, que fiscaliza en estos momentos las prestaciones económicas otorgadas por el departamento de Drets Socials i Inclusió correspondientes a 2022, año en el que gobernaba ERC.
Denuncia y archivo
En 2017, otro escándalo forzó la dimisión del entonces máximo responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, que era también concejal de ERC en el Ayuntamiento de Girona y cuyo trabajo dependía de la consellera Dolors Bassa. Calvo fue acusado de beneficiar desde la DGAIA a empresas y fundaciones con las que había tenido relación profesional. A propuesta de la Fiscalía, el caso fue archivado por el juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona al no encontrar indicios de que las acusaciones fueran ciertas.
55.000 euros por menor extranjero no acompañado
Por otro lado, en tela de juicio está también la gestión que la DGAIA está llevando a cabo en lo relativo a la tutela de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Cataluña. En redes como X es posible encontrar numerosas denuncias al respecto y una cifra, 55.000 euros, que es lo que, al parecer, destina la Generalitat a través de la DGAIA al mantenimiento de cada uno de estos menores. Todo un negocio para las empresas y fundaciones que asumen esta gestión y un escándalo para la mayoría de los ciudadanos.
Las familias afectadas
Y capítulo aparte merecen las denuncias que, desde hace años, se formulan por parte de numerosas familias afectadas por la gestión de la DGAIA. Una de las entidades más activas en este sentido ha sido la asociación APRODEME, en cuya página web se puede encontrar abundante información sobre las presuntas irregularidades detectadas en la DGAIA. En perfiles de X como @StopDgaia es posible conocer algunas de estas denuncias y el sufrimiento de las familias a las que este organismo ha retirado las custodias de sus hijos por motivos diversos.
