El Ayuntamiento de Cabacés, liderado por una coalición vinculada a Esquerra Republicana, se niega a cumplir la Ley de Política Lingüística de 1998 y defiende que su municipio siga siendo el único de Cataluña con el nombre en castellano.
«Cabassers» y un juicio pendiente
El debate sobre la toponimia en la comunidad autónoma está regulado por la Ley 1/1998, cuyo artículo 18.1 establece que “los topónimos en Cataluña tienen como única forma oficial la catalana, de acuerdo con la normativa lingüística del Instituto de Estudios Catalanes, excepto los del Valle de Arán, que tienen la aranesa”. En consecuencia, el nombre legal del municipio debería ser “Cabassers”.
Sin embargo, el consistorio tarraconense ha decidido destinar una partida presupuestaria a la contratación de un abogado para su defensa, tras ser denunciado por el grupo municipal de Junts. Mediante un decreto, el equipo republicano ha adjudicado un contrato menor por valor de 3.267 euros.
Tras un requerimiento fallido, a los tribunales
El litigio, que será dirimido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Tarragona, se inicia después de que la Dirección General de Administración Local respondiera a un requerimiento de la asociación vecinal Cabassers.org —afín a Junts—, que exigía el cambio de grafía. La Generalitat delegó entonces la responsabilidad en el propio Ayuntamiento.
Aunque el equipo de gobierno no se opone frontalmente a la modificación e incluso trató de impulsarla el año pasado, tras reunirse con los vecinos concluyó que no se trataba de una prioridad para la población. Una decisión que rechazan Junts y Cabassers.org, y que ahora ha sido recurrida ante los tribunales.
