El fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, conocido el 20 de noviembre, condena a García Ortiz, el fiscal general nombrado por el presidente Sánchez, a varias penas, incluida su inhabilitación para ejercer el cargo durante dos años, “como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal”. García Ortiz negó durante la vista ser culpable de los delitos que se le imputaban, y el borrado a fondo de todos sus correos electrónicos y mensajes telefónicos, realizados con una profesionalidad digna del CNI, han impedido aclarar el verdadero papel jugado tanto por el fiscal general como por el gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Andolini por los tejados
La Operación Borrado a Fondo se completó con la desaparición de los mensajes del teléfono de Sánchez Acera, entonces directora del gabinete de Óscar López, quien a su vez estaba al frente del gabinete de Presidencia del Gobierno. En la vista, la susodicha declaró que la información que filtró a Lobato, entonces, secretario general del PSOE de Madrid con la instrucción de utilizarla contra la presidenta Ayuso en la Asamblea de la Comunidad de Madrid el 14 de marzo de 2024, “me viene de un medio de comunicación, [pero] no puedo recordar de qué medio era el periodista. Pasaron ocho meses, me había olvidado bastante del tema y no he podido comprobar quién fue esa persona”, porque la fiel escudera de López adujo “un cambió de terminal” cuando López se la llevó consigo desde el palacio de la Moncloa al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. A los cómplices, hay que tenerlos cerca especialmente cuando padecen amnesia transitoria.
La Operación Borrado exhala ese aroma inolvidable de la escena en El Padrino II, cuando Andolini arroja las piezas del arma homicida en varias chimeneas para borrar el rastro del crimen. Sin arma no hay crimen y puede decirse que García Ortiz ha salido bien parado al podérsele imputar tan sólo andar por los tejados de la Fiscalía con un papel en la mano. A pesar de su diligencia para borrar el rastro del delito, la condena confirma la posición que mantuve en mi artículo de hace tres semanas, “El fisgón general del Estado aprieta los dientes en el banquillo”: “queda atestiguado que [la fiscal] Lastra recibió orden directa de García Ortiz de difundir la nota aclaratoria elaborada con intervención directa del propio fiscal general, como ha testificado la Sra. Hedo, directora de comunicación del Ministerio Fiscal, en la que se publicitaba información confidencial sobre el contribuyente González Amador… [y que] la fiscal Lastra se negó a difundir el documento al ser incompatible con el deber de confidencialidad, pero [que] cumplió el artículo 25 del Estatuto Fiscal y acabó dándole salida tal como le exigía su superior jerárquico”.
Absuelto por el Gobierno
Que Bolaños, el notario menor del Reino, y el resto de la comparsa de gigantes y cabezudas que forman parte del gobierno de Sánchez, disientan de la sentencia del Tribunal Supremo por considerar que no existen pruebas de que García Ortiz cometiera un delito se ajusta perfectamente al manual de resistencia sanchista: negar lo evidente, aunque existan sobradas pruebas de que García Ortiz recabó con urgencia información reservada sobre un contribuyente y dictó una nota que ordenó a sus subordinados difundir en los medios de comunicación. Estamos acostumbrados a escuchar a Bolaños poner la mano en el fuego por todos aquellos socialistas hasta el último momento. Ahora debe tenerlas ya algo requemadas de tanto poner la mano en el fuego y sacarla cuando ya resulta imposible sostener el relato.
Más preocupante ha sido que Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, sostuviera en un programa de televisión que el juicio a García Ortiz nunca debió celebrarse y que debería, en todo caso, haber sido absuelto porque el contenido de la nota informativa ya era conocido. Resultan sorprendentes estas palabras en boca de un fiscal porque, aunque la información sobre la propuesta de un acuerdo entre el abogado de González Amador y la fiscalía de delitos económico hubiera aparecido en algunos medios de comunicación, la obligación del fiscal general es “salvaguardar los derechos de los ciudadanos” y no “revelar secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”. Más grave ha resultdo incluso que Martín Pallín afirmara, tras conocer el fallo condenatorio del Tribunal Supremo, que “el fallo es lo más parecido a un golpe de Estado” en TVE el 20 de noviembre e invocara el artículo 417.1 del Código Penal, en otro programa televisivo un día después, para dar una apariencia de rigor a su valoración.
En el ámbito estrictamente político, resulta preocupante constatar que una persona que ha desempeñado altas responsabilidades en el ámbito judicial tiene dificultades para diferenciar el fallo del Tribunal Supremo de un auténtico golpe de estado, como el organizado y financiado en 2017 por los socios preferentes de los gobiernos de Sánchez, a cuyos cabecillas ha indultado y amnistiado precisamente para seguir gobernando. Y en el ámbito jurídico, resulta bastante penoso que Martín Pallín invoque el artículo 417.1 para desacreditar al Tribunal Supremo porque como le corrigió Joaquín Manso, director del diario El Mundo, el fiscal general como funcionario público no puede revelar “secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”. (Subrayado mío.) Más aún, si esa información ya había aparecido en los medios de comunicación resultaba gratuito e innecesario que el fiscal general la revelara y otorgara credibilidad.
Conclusiones de un ciudadano de a pie
Primera y principal, García Ortiz incumplió su obligación de preservar el carácter reservado de la información que recabó con urgencia sobre uno de tantos presuntos defraudadores porque, como él mismo aclaró, “si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato”, una tarea ésta de ganar la batalla del relato completamente ajena a sus funciones. El fallo condenatorio del TS repara parcialmente el daño ocasionado a un ciudadano por el fiscal general con una clara intencionalidad política: atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y me ha quitado un enorme peso de encima porque ya no tendré que pedir perdón a un delincuente de altos vuelos y ágiles manos, como nos exigía con su desvergüenza habitual el presidente Sánchez.
Segunda, resulta lamentable que quien tenía encomendada la misión de velar por el cumplimiento de la ley y preservar los derechos de los ciudadanos borrara todos los mensajes de su correo electrónico y WhatsApp cruzados durante los días clave objeto de la investigación, gracias a la eficaz asesoría de Álvarez de Arriba -Jefa de Gabinete en el Departamento de Seguridad de Presidencia de Gobierno (2019-2022), Comisaria Principal de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (2022-2025) y directora de Seguridad Global de Telefónica desde marzo de 2025-, con tal grado de profesionalidad que resultó imposible recuperar la información que habría permitido conocer el verdadero alcance tanto de las andanzas de García Ortiz como de Sánchez Acera, la amnésica directora del gabinete de Óscar López que también cambió de teléfono para borrar las huellas.
Tercera, el gobierno y el PSOE de Sánchez llevan años incumpliendo sus promesas electorales, pactando con golpistas, ocultando los delitos que están siendo investigados y juzgados por los tribunales de justicia y utilizando prácticas deshonestas para hacerse con la secretaria general del PSOE y la presidencia del Gobierno, un comportamiento mafioso al que urge poner fin por pura higiene democrática.
Coda
La memoria histórica viene que ni al pelo en estas circunstancias porque, desde la aprobación de la Constitución de 1978, ningún otro gobierno ha utilizado instituciones claves del Estado, como la Presidencia del Gobierno, la Fiscalía y Abogacía del Estado, y el Tribunal Constitucional para atacar a adversarios políticos, dar el visto bueno a leyes impropias de una democracia consolidada, como la ley de amnistía aprobada para anular las condenas por sedición impuestas a sus avalistas, o revisar las penas de algunos presidentes ilustres del PSOE. Por no hablar de las burdas descalificaciones que escuchamos un día sí y otro también por boca del presidente y sus ministros sobre las instrucciones, los fallos y las sentencias de los tribunales cuando afectan a altos cargos del PSOE, ministros de sus gobiernos y familiares muy cercanos.
Conviene estar muy atentos mientras Sánchez siga en la Moncloa porque no son los jueces quienes están politizados y dictan sentencias en función de sus inclinaciones partidistas, ahí están las condenas dictadas contra ministros y altos cargos del PP para constatarlo, sino los ministros y exministros de Sánchez quienes politizan y descalifican la labor de los jueces con afirmaciones tan disparatadas como “que en España no se puede ‘volver mucho atrás’ en Justicia respecto a la dictadura de Franco”, dan por sentado que existe una conspiración de los jueces para intentar “hacer caer al mejor gobierno de coalición progresista”, y descalifican sumariamente sus actuaciones acusándolos de ser “fachas con toga” y machistas que aplican “erróneamente la ley o de forma defectuosa”. Se les ve el plumero: lo que nos acercaría precisamente a la dictadura de Franco es que fueran ellos quienes tuvieran en su mano decidir quién puede o no ser juez en función de que lo consideraran ‘progresista’ o ‘facha’.
