Pere Aragonès en el centro del debate por un presunto conflicto de intereses en su transición de la política al sector privado. Tras dejar el cargo en agosto de 2024, Aragonès asumió en septiembre de 2025 la dirección general de Golden Hotels, la cadena hotelera familiar con sede en Pineda de Mar, que cuenta con ocho establecimientos y más de 100 millones de euros en activos, distribuidos en la Costa Brava y Costa Daurada.
Esta decisión ha reavivado críticas sobre el Decreto Ley 3/2023, firmado por él en julio de 2024, que restringe drásticamente las viviendas de uso turístico en Catalunya, beneficiando indirectamente a los hoteles tradicionales Es decir, su negocio. El decreto, aprobado en funciones y sin debate parlamentario, prohíbe nuevas licencias en zonas de alta tensión habitacional y prevé la derogación de miles de autorizaciones existentes a partir de 2028. Argumentado como medida para combatir la escasez de vivienda –pese a haberse demostrado ampliamente que su incidencia en la subida de precios es prácticamente nula-, ha sido denunciado por el sector de pisos turísticos como un «regalo» a las cadenas hoteleras, que ven reducida su competencia directa.
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), que agrupa a asociaciones como Apartur, ATA y AAT, acusa directamente a Aragonès de haber actuado «en situación de posible conflicto de intereses familiares y personales».
«El decreto se aprobó bajo su mandato y ahora regentará una empresa que compite directamente con nosotros», señalan en un comunicado, destacando que la norma discrimina a un sector «legal, controlado y contributivo».
Federatur ha iniciado una recogida de firmas para presentar un escrito en el Parlament, exigiendo reabrir el debate y invalidar la ley. Alegan que el texto infringe hasta seis apartados de la normativa europea, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales, al vulnerar la libertad de empresa y de prestación de servicios.
El sector, compuesto mayoritariamente por pequeños propietarios e inversores particulares, estima que la medida generará un déficit de plazas turísticas, cubierto por grandes cadenas como Golden Hotels, permitiendo subidas de precios y un dominio de mercado.
El Govern actual, liderado por PSC, no ha reaccionado, pero el debate sobre regulación turística y ética política promete agitar el Parlament en 2026.
