El día 24 de diciembre, el gobierno de España sacó adelante la nueva ley de vivienda con el apoyo del PSOE y Bildu. Este no es un detalle menor. Es el corazón del problema.
Porque las leyes no solo deben leerse por lo que dicen, sino por lo que provocan… y también por quiénes las impulsan.
Esta ley se presenta como una herramienta social. Pero en realidad es una intervención directa del mercado, hecha sin diálogo real con los propietarios, sin garantías jurídicas y sin ningún análisis serio de consecuencias.
El mensaje que se envía es claro: el propietario pasa a ser sospechoso; el derecho de propiedad se relativiza y el riesgo se traslada al particular.
Cuando esto ocurre, el resultado es inmediato: las viviendas desaparecen del mercado.
No es una opinión. Es una evidencia.
El mismo gobierno que dice querer ayudar a los jóvenes aprueba una ley que hace exactamente lo contrario: reduce la oferta, encarece los alquileres y expulsa del mercado a quienes aún no tienen estabilidad económica.
Esta ley no protege a los vulnerables.
Los utiliza como coartada ideológica.
Y aún peor: establece el precedente de que el Estado puede decidir quién asume el coste social de un problema estructural. Y este coste recae, una vez más, en el pequeño propietario.
Esto no es política social. Esto es populismo legislativo. El 24 de diciembre no se aprobó una solución. se aprobó un relato, avalado por el PSOE y Bildu, que pone en riesgo la seguridad jurídica y dinamita la confianza.
Y sin confianza no hay inversión.
Sin inversión no hay oferta.
Y sin oferta, no hay derecho a la vivienda.
Así de simple.
Así de duro.
Así de cierto.
