La gestión de la protección a la infancia en Cataluña ha dejado de ser un debate sobre recursos para convertirse en una señal de alarma sobre procedimientos. El último informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya pone el foco en la DGAIA al describir una práctica que, según el dictamen, se habría normalizado en servicios esenciales: prórrogas no formalizadas y continuidad de prestaciones con una cobertura jurídica insuficiente, en detrimento de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
Lo que sobre el papel debería ser una contratación impecable para garantizar la atención a menores se presenta en el informe como una cadena de expedientes que se prolongan más allá de su vigencia sin tramitarse como corresponde. La Sindicatura advierte de que lo excepcional —la continuidad por necesidad— habría derivado en rutina, y que esa forma de operar termina debilitando el control, la trazabilidad del gasto y la competencia entre entidades, en un ámbito especialmente sensible.
Miquel Salazar, síndic major, i Maria Àngels Cabasés síndica de la @sindicaturacat compareixen en qualitat d'experts a la Comissió d'investigació de la DGAIA. pic.twitter.com/zGmMqOIoir
— Parlament de Catalunya (@parlamentcat) February 2, 2026
La polvareda política: entre el «agujero negro» y la desidia
La publicación del informe no ha pasado desapercibida en el Parlament de Catalunya. La oposición ha elevado el tono y ha convertido el dictamen en munición política, hablando de “agujero negro” presupuestario y acusando al Govern de tolerar durante años un funcionamiento que, a su juicio, bordea o vulnera el espíritu de la normativa de contratación pública.
El debate ya no gira únicamente en torno a fallos puntuales, sino a la idea de un problema estructural. El informe recoge que el sistema ha recurrido de forma reiterada a vías de regularización “a posteriori” y a mecanismos excepcionales para pagar servicios ya prestados. En ese marco, la discusión política se desplaza a una pregunta inevitable: cómo se llega a ese punto, quién lo permitió y qué medidas se tomarán para que la urgencia asistencial no sirva de coartada permanente para operar fuera del circuito ordinario de licitaciones.
El problema de pagaments indeguts a exMENAS, lluny de solucionar-se, no deixa de fer-se més i més gros.
— DANIEL CARDONA, L'IRLANDÈS 🏴 (@Almogaver688) February 2, 2026
Ja em perdonareu, però tot el que envolta els MENAS, exMENAS i la DGAIA en general, fot un tuf a corrupció inaguantable.
Cal posar fi a aquesta Màfia de corruptes!! pic.twitter.com/je4lJwMPmD
El sector social, al límite: «No se puede jugar con los menores»
Pero el ruido no se limita al hemiciclo. En el sector social, el diagnóstico que se repite es el del hartazgo: muchas entidades denuncian que se les exige un nivel de control y auditoría exhaustivo, mientras la administración queda retratada por el informe como incapaz de cerrar a tiempo los procesos que garantizan seguridad jurídica, estabilidad y competencia.
La crítica más recurrente es que la parálisis contractual congela la modernización del sistema. Sin concursos nuevos, se reduce la entrada de nuevos operadores y se frena la renovación de proyectos, instalaciones o modelos de atención. Y cuando el sistema se mantiene mediante prórrogas mal tramitadas o regularizaciones posteriores, los profesionales sostienen que el resultado es un modelo que vive a base de parches, con el menor como rehén de la burocracia.
És fàcil d'entendre: tots els tutors/tutores/mentors/mentores sabien que no complien els requisits. Però la seva feina i el seu sou depenen de que tinguin molts tutelats cobrant l'ajuda.
— La Pero, do not atabalate me (@LaPeronel_la) February 3, 2026
Todos estaban en el ajo.
S'han petat centenars de milions nostres.
Puta DGAIA. https://t.co/iaWnecc2Rr
Millones pagados en el limbo
El informe pone números a una forma de operar que, en términos administrativos, se considera de última instancia. En lugar de la contratación ordinaria, se recurre a mecanismos como el reconocimiento extrajudicial de crédito o fórmulas equivalentes para pagar servicios ya prestados cuando el contrato no está en vigor o la prórroga no se ha formalizado correctamente. Es, en teoría, la salida para no interrumpir prestaciones esenciales; en la práctica, según el dictamen, se convierte en un recurso demasiado frecuente.
La consecuencia es doble: por un lado, se paga porque el servicio es imprescindible; por otro, se consolida un modelo que desplaza el control “ex ante” —el concurso, las condiciones, la concurrencia— hacia un control “ex post” que llega tarde, cuando el gasto ya está comprometido y el margen de corrección es mínimo.
En definitiva, el dictamen de la Sindicatura marca un punto de inflexión: no cuestiona la necesidad de sostener la atención a los menores, pero sí el modo en que se ha venido garantizando. La historia que deja el informe no es la de un sistema sin trabajo, sino la de una administración que ha normalizado la excepcionalidad y ahora se enfrenta al reto de reconstruir el circuito de transparencia, planificación y control.
A partir de aquí, la pregunta no es si el problema existe —el informe lo describe—, sino qué consecuencias políticas y administrativas tendrá: si habrá cambios reales en la contratación, responsabilidades internas y una calendarización pública para volver a licitar los servicios, o si el sistema seguirá viviendo de prórrogas y regularizaciones con el coste reputacional que eso implica.
