El nombramiento de Vicenç Pedret como nuevo consejero de Enagás, pendiente aún de la ratificación formal por parte de la junta de accionistas, vuelve a poner el foco en la presencia de perfiles vinculados al independentismo catalán en empresas estratégicas con participación estatal como consecuencia de la dependencia de Sánchez del separatismo periférico.
Pedret, ingeniero químico y propietario del Grupo Ramon Clemente, mantiene una estrecha relación personal con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a quien ha mostrado públicamente su apoyo. Su incorporación se produce después de que el pasado año entrara en el consejo de la compañía Elena Massot, empresaria próxima al entorno de Junts y expresidenta de FemCat. Enagás, participada por el Estado a través de la SEPI, se suma así a una dinámica que en los últimos años ha ido consolidando la presencia de perfiles catalanes -e independentistas- en órganos de dirección de empresas públicas o semipúblicas españolas.
La tendencia no se limita al sector energético. En el entorno de ERC destacan nombres como Albert Castellanos en Redeia (Red Eléctrica), el exjefe de gabinete de Junqueras Sergi Sol en RTVE, Josep Maria Salas en la CNMC o Jordi Pons en el Banco de España. Por parte de Junts, también figuran representantes en entidades estratégicas como Oriol Pinya en Indra, Pere Soler en la CNMC, Eduard Gràcia en Renfe, Ramon Tremosa en Aena o Cristian Rovira en el ICO.
Estos nombramientos se han producido mientras los partidos independentistas han mantenido un papel decisivo en la gobernabilidad estatal durante las últimas legislaturas. Aunque el discurso político entre el Gobierno y estas formaciones ha estado marcado por la confrontación pública, la composición de distintos consejos empresariales refleja una relación institucional más fluida y pragmática. Se escenifica ruptura política, pero se afianzan los altos cargos de confianza españoles y sus elevados sueldos públicos en el entorno independentista.
La llegada de Pedret a Enagás representa un nuevo episodio dentro de una tendencia más amplia en la que las empresas estratégicas con participación pública se han convertido en un punto de encuentro entre el Gobierno y el apoyo catalán.
