El Ayuntamiento de Ibiza se ha visto obligado a dar un paso atrás en su plan de renovación de la señalética viaria tras la intervención de una entidad defensora de la imposición del catalán en Baleares. La asociación con sede en Menorca, Fem-ho en Català, ha logrado paralizar una adjudicación pública tras denunciar que el diseño de los nuevos rótulos vulneraba la normativa lingüística vigente al incluir términos bilingües en las placas de las calles. Formada por exmiembros de la Plataforma per la Llengua en la isla balear, la entidad está presidida por Moritz Werner, un joven profesor del área de Historia de la Ciencia de la UAB.
La polémica nace de una licitación publicada por el Ayuntamiento ibicenco, gobernado por el PP, el pasado noviembre y que contemplaba el suministro e instalación de placas para las vías del municipio. En los pliegos técnicos, el Consistorio establecía que, si bien el nombre propio de la calle sería el oficial, los términos genéricos debían aparecer en formato bilingüe. De este modo, los diseños presentados incluían términos duplicados como carrer y calle, avinguda y avenida o plaça y plaza.
Para la asociación recurrente, este diseño es contrario al principio de normalización lingüística y supone una reducción de los espacios de uso habitual de la lengua propia. En su recurso, la entidad argumentó que la rotulación pública debe hacerse en catalán, reservando el bilingüismo solo para casos excepcionales que no se aplican en este contrato. Condiciones amparadas por el Estatuto de Autonomía de Baleares, por la Ley de Normalización Lingüística autonómica y, en el caso del Ayuntamiento de Ibiza, por su propio Reglamento de Normalización Lingüística.
Desistimiento del proceso de adjudicación
Aunque los servicios jurídicos municipales intentaron inicialmente inadmitir el recurso alegando que la asociación no tiene legitimación por no ser una empresa licitadora, el informe final ha acabado dándoles la razón en el fondo del asunto. El Consistorio reconoce ahora que los pliegos incurrían en una infracción del ordenamiento jurídico y que el Ayuntamiento no tiene facultades para ir en contra de las normas lingüísticas autonómicas ni de su propio reglamento a través de un contrato administrativo. El informe técnico recalca que la rotulación bilingüe significaría un paso atrás en el proceso de normalización iniciado en los años noventa.
Ante la imposibilidad de rectificar el contrato una vez abiertas las ofertas de las empresas, el Ayuntamiento ha dictaminado el desistimiento oficial del procedimiento de licitación y el archivo del expediente actual. Esta resolución obliga al consistorio a ordenar el inicio inmediato de una nueva licitación donde los rótulos deberán estar redactados íntegramente y exclusivamente en lengua catalana. Este revés administrativo supone un nuevo episodio de tensión sobre el uso de las lenguas oficiales en las instituciones de Baleares, donde la presión de entidades civiles sigue marcando la agenda de la administración local.
