El Parlament de Catalunya debate este miércoles la proposición de ley del PPC para rebajar de forma drástica el impuesto de sucesiones y donaciones, una iniciativa con la que los populares buscan reabrir uno de los debates fiscales más sensibles de la política catalana: qué carga debe soportar la transmisión de patrimonio entre familiares.
La reforma que plantea el PPC no elimina formalmente el tributo, algo que la Generalitat no puede hacer en sentido estricto, pero sí persigue dejarlo prácticamente reducido a la mínima expresión en los supuestos más habituales. La medida estrella es la recuperación de una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones para los grupos I y II de parentesco, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuges. En la práctica, ello supondría que las herencias directas tributarían de forma casi residual.
La posición del PP es clara: el impuesto de sucesiones constituye una doble imposición sobre un patrimonio que ya tributó previamente y que Catalunya mantiene una presión fiscal más alta que otras comunidades autónomas, donde este tributo se ha ido vaciando de contenido.
La iniciativa también extiende esa lógica al impuesto sobre donaciones. El texto propone elevar del 95% al 99% varias reducciones ya existentes en tres ámbitos concretos: la donación de un negocio empresarial o profesional, la entrega de dinero para constituir o adquirir una empresa, y la donación de una vivienda o de dinero destinado a comprar la primera vivienda habitual. El objetivo es favorecer tanto el relevo familiar como el acceso a la vivienda y la actividad económica.
Más allá de la técnica tributaria, el debate de hoy servirá para medir hasta qué punto existe una mayoría parlamentaria dispuesta a aliviar la fiscalidad patrimonial en Catalunya. El PPC busca convertir la votación en un choque político de fondo: situar al resto de grupos ante la disyuntiva de mantener el actual modelo fiscal o aceptar una rebaja que, de prosperar, tendría un fuerte impacto simbólico y recaudatorio.
