El Partido Popular ha intensificado la presión sobre el escándalo que vincula al exministro Miquel Iceta con la contratación de su pareja, Ángel García Rosique, como piloto de Iberojet, según reveló EL ESPAÑOL.
El grupo parlamentario ha registrado en el Congreso una serie de preguntas escritas, denunciando un claro «conflicto de intereses». Además, el PP señala un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, contemplado en el artículo 439 del Código Penal.
Los populares exigen al Gobierno que aclare «si conocía que García Rosique iba a ser contratado por Iberojet» cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Ávoris por 320 millones de euros, información que se desprende de los whatsapps del llamado KoldoGate.
También preguntan si el Ejecutivo “tiene intención de cesar a Iceta como embajador ante la UNESCO”, citando el caso como un nuevo ejemplo de los “rescates polémicos” del Gobierno de Pedro Sánchez, junto a los de Air Europa (475 millones) y Plus Ultra (53 millones).
Contraprestaciones personales
El rescate de Ávoris “se suma ahora a esa lista” tras detectarse, según los populares, “una nueva contraprestación personal en beneficio de algún miembro del Gobierno o de un familiar”, similar a los casos de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.
Este lunes, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, exigió la dimisión o destitución de Iceta como embajador ante la UNESCO. Gamarra denunció “la utilización de la estructura del Estado para beneficiar a familiares”, señalando este comportamiento como un rasgo del “sanchismo”, según la dirigente del equipo de Alberto Núñez Feijóo.
La cronología
El PP subraya que Iceta participó en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2021 que aprobó el rescate de Ávoris y que, apenas dos meses después, su pareja fue contratada como piloto en Iberojet, filial de la empresa rescatada.
Según reveló EL ESPAÑOL, las gestiones las canalizó Koldo García a través de Víctor de Aldama y del consejero delegado de Ávoris, Miguel Ángel Sánchez.
Los mensajes intervenidos por la UCO muestran que las gestiones empezaron el 22 de enero de 2021, casi dos meses antes del rescate. Koldo envió el currículum y las titulaciones de García Rosique, y Iceta agradeció la contratación con un mensaje: “Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible”.
Infracción administrativa
El documento del PP señala explícitamente un posible “conflicto de intereses”, definido en la Ley 3/2015 como la situación en la que un alto cargo adopta decisiones que puedan afectar a “los intereses económicos de su cónyuge o persona con la que conviva en análoga relación de afectividad”.
La misma norma establece que los altos cargos deben abstenerse de tomar decisiones afectadas por conflictos de intereses. En este caso, Iceta era ministro y su pareja fue el beneficiario directo de una contratación que él mismo habría negociado, además de haber participado en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate.
El incumplimiento de este “deber de abstención” constituiría una infracción administrativa grave, con posibles consecuencias que incluyen la destitución, la pérdida del derecho a compensación tras el cese y la prohibición de ocupar un alto cargo por hasta diez años.
Delito con pena de cárcel
El caso también tiene posibles implicaciones penales. El delito de negociaciones prohibidas, según el artículo 439 del Código Penal, castiga a la autoridad que se aproveche de su cargo para facilitar cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta. Las penas incluyen prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación de dos a siete años.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo lo considera un delito “de mera actividad”, es decir, que no requiere beneficio efectivo ni perjuicio a la Administración. Sin embargo, según los mensajes del KoldoGate, en este caso sí se logró la contratación deseada.
El encaje con Iceta es directo: como miembro del Consejo de Ministros, intervino en el rescate de Ávoris y presuntamente se habría aprovechado de ello para facilitar, a través de Koldo García, la contratación de su pareja.
Posible delito de tráfico de influencias
Los hechos podrían también constituir un delito de tráfico de influencias, recogido en el artículo 428 del Código Penal, que castiga al funcionario que influye en otro para obtener una resolución que genere beneficio económico, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación de hasta nueve.
En este caso, los posibles implicados serían Koldo García, como asesor ministerial que ejerció la influencia, y Víctor de Aldama, como particular que intermedió ante una empresa dependiente de fondos públicos.
