El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso clave para restringir los alquileres de temporada y por habitaciones, una medida que permitirá limitar este tipo de contratos en función del barrio o incluso del edificio. El Pleno municipal ha aprobado provisionalmente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), con los votos a favor del Gobierno municipal, ERC y Barcelona en Comú. El texto deberá ahora recibir el visto bueno definitivo de la Generalitat.
Este cambio urbanístico habilita al Ayuntamiento para prohibir, limitar o condicionar los usos no residenciales de la vivienda mediante futuras ordenanzas.
Prioridad al uso habitual de la vivienda
La nueva regulación busca que los pisos se destinen principalmente a residencia habitual y permanente, en un contexto de fuerte presión sobre el mercado de la vivienda en la ciudad.
Para ello, la norma diferencia entre uso habitual, temporal, segunda residencia y otras modalidades, dejando claro que el uso residencial ordinario tendrá prioridad.
Restricciones por zonas y edificios
Uno de los puntos clave es que las limitaciones podrán aplicarse de forma específica por distritos, barrios o incluso edificios concretos, con el objetivo de preservar el carácter residencial de determinadas zonas.
En el caso del alquiler por habitaciones, cuando sea permanente, se exigirá garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y acceso a servicios comunes.
Control del fraude
La medida también pretende frenar el uso fraudulento de los alquileres de temporada, que en muchos casos funcionan como alquileres encubiertos fuera de la regulación habitual.A partir de ahora, este tipo de contratos solo podrán justificarse por motivos laborales, médicos, académicos u otros similares, que deberán acreditarse documentalmente.
La modificación del PGM se suma a las medidas autonómicas y estatales ya en marcha, como la extensión del control de precios a los alquileres de temporada aprobada por el Parlament de Cataluña. El Ayuntamiento defiende que este nuevo instrumento permitirá actuar también desde el urbanismo para ordenar el mercado de la vivienda y reforzar el acceso a un alquiler residencial.
