El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona ha anulado la obligación de acreditar un nivel B2 de catalán en una convocatoria pública del Ayuntamiento de Amposta, gobernado por Esquerra Republicana de Catalunya. La resolución, recogida por El Mundo, considera que el requisito vulnera la legalidad. Lo califica de desproporcionado en relación con las funciones del puesto de electricista.
Requisito considerado desproporcionado
La magistrada señala que la exigencia del nivel B2 no está justificada en relación con el trabajo a desempeñar. En la sentencia se afirma que existe una “contravención legal” en las bases del concurso, lo que obliga a anular tanto la exigencia del idioma como la prueba específica de catalán.
La convocatoria incluía ejercicios de ortografía, gramática avanzada y pronunciación, además de tareas como redactar un correo electrónico de 150 palabras o mantener una conversación guiada. Según el recurso, estos contenidos excedían claramente las necesidades del puesto técnico.
Recurso
El recurso fue interpuesto por Convivència Cívica Catalana, que calificó el requisito de “excluyente” y desproporcionado. La entidad sostuvo que las funciones del puesto son esencialmente manuales y no requieren un dominio avanzado del catalán escrito.
Otros casos
Esta resolución se suma a otras decisiones judiciales recientes que han anulado exigencias lingüísticas similares en Cataluña, como en casos del Ayuntamiento de Vic o del Parlament, donde también se consideró injustificado exigir un nivel B2 para determinados puestos públicos.
