Me parece justo empezar por reconocer que soy un completo ignorante en temas jurídicos y que desconozco las particularidades del funcionamiento de los tribunales de justicia en España, y quizá sólo sea mi propia ignorancia la causa del asombro que me han provocado las escenas vividas en el Tribunal Supremo las últimas semanas. La vista oral del juicio por supuesto amaño de los contratos de mascarillas durante la pandemia quedó vista para sentencia el pasado 6 de mayo y ese día pudimos ver a Koldo y Ábalos, los dos principales encausados para los que la fiscalía solicita 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente, hicieron uso de su derecho a la última palabra.
Koldo aprovechó su turno para manifestar que están siendo juzgados únicamente por las mentiras de Aldama, el tercer hombre y auténtico beneficiado de la trama, y el exministro y exsecretario de organización del PSOE dijo haber sido condenado de antemano y sin pruebas. Koldo, hombre caritativo donde los haya, declaró haberse limitado a ayudar a todo aquél que se lo pedía, incluido el comisionista Aldama, y Ábalos limitó su responsabilidad a haber duplicado de 4 a 8 millones la cifra de mascarillas en uno de los contratos para hacer frente a las urgentes necesidades del momento con holgura.
Luzón, jefe de la fiscalía anticorrupción, manifestó haber dejado acreditado la existencia de una “una maquinaria de favores donde los dos primeros [Ábalos y Koldo] pusieron su poder e influencia a disposición de Aldama a cambio de contraprestaciones en dinero y en especie”. Ábalos, en su condición de ministro de Transportes y número dos en la organización del PSOE, era quien tenía la última palabra, y Koldo, su asesor ministerial, se ocupaba de las labores de intendencia, tales como reunirse y cobrar las comisiones con Aldama, el empresario que aprovechó la cercanía al ministro para obtener beneficios para sí mismo y para terceros, Ábalos y Koldo, entre otros. Luzón dejó abierta la puerta a la reducción de la petición de 7 años de cárcel para Aldama, solicitada al parecer por mandato expreso de Peramato, la fiscal general que sucedió a García Ortiz en el cargo, por haber colaborado de forma decisiva con la fiscalía.
Por qué la vista nos ha dejado tan insatisfechos
Un amigo mío suele echarme en cara haberle hecho notar la insatisfacción que me producía ver a los vaqueros en las películas del Oeste disparar sus armas al aire sin ton ni son, habida cuenta del alto precio y la dificultad para adquirir munición en el lejano Oeste, y la abundancia con que corría el whisky en las barras de los salones, porque la bebida tampoco era barata en relación con los salarios en aquellos tiempos. Por no hablar de las bonitas mujeres que atienden con solicitud a los rudos bebedores y peligrosos pistoleros acodados en las mesas del salón mientras juegan una partida de póker. Claro que cuando escuchas a Feathers desarbolar con su insinuante parloteo al aparentemente impasible sheriff John T. en la habitación del hotel uno se olvida de cualquier exceso de balas y copas.
Pues una insatisfacción similar me ha producido este juicio donde esperaba ver un análisis más preciso de las compras de mascarillas realizadas a instancias del Ministerio de Transporte por algunos organismos públicos, como el Ministerio del Interior, las Comunidades de Baleares y Canarias o la empresa Adif. Aunque comprendo que resulta mucho más atractivo y morboso el asunto de la contratación de dos señoritas, Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, para las que el solicito Koldo, por orden de su superior, obtuvo sendos puestos de trabajo en algunas empresas públicas dependientes del Ministerio. Ábalos, siempre tan progresista y feminista, se anticipó a la vicepresidenta Díaz antes de que el Ministerio de Trabajo pusiera en circulación el lema de la nueva izquierda “Trabajar menos, vivir mejor”. Y si las beneficiadas son dos mujeres, pues tanto mejor.
Todo el mundo de cierta edad recuerda a aquel escritor que impacientado en una tertulia no pudo resistirse a recordar a la entrevistadora “que yo he venido aquí a hablar de mi libro”. Ya he dicho que desconozco la maquinaria tribunalicia, pero tengo la impresión de que alguien debería haber recordado a Martínez Arrieta, presidente del Tribunal, que se estaba hablando de casi todo menos de las mascarillas. De hecho, algún diario afín al régimen ‘sanchista’, El Plural, ha reprochado al fiscal Luzón que dedicara durante las cuatro horas del interrogatorio a Aldama menos de 10 minutos al asunto de las mascarillas. Miren que siendo como no soy nada sospechoso de ser afín al régimen sanchista, tengo que mostrarme de acuerdo con la apreciación señalada. Se dispararon muchas balas al aire, corrió la bebida, y se habló muy poco de mascarillas.
A título de inventario
Intentaré proporcionar una idea de lo acaecido a partir de informaciones publicadas en diversos medios de comunicación. Según laSexta televisión, los primeros contratos de mascarillas promocionados por el Ministerio de Transporte a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, cerrados por el procedimiento de urgencia, fueron los realizados con las empresas públicas Puertos del Estado y Adif por valor de 24,0 y 12,5 millones de euros, respectivamente, en marzo de 2020. El Ministerio del Interior realizó otro contrato de 3,7 millones en abril a los que siguieron sendos contratos con las Comunidades de Baleares y Canarias, en esos momentos presididas por Francina Aramengol y Víctor Torres. The Objective, publicó que la Comunidad de Canarias, adjudicó una compra de mascarillas el 22 de abril de 2020 por 6,87 millones de euros de las que casi 2,1 millones de euros correspondían a 837.000 mascarillas “catalogadas como no aptas para FFP2, valorándolas como quirúrgicas”, y que, no obstante, acabaron siendo abonadas por orden del presidente Torres en noviembre de 2020. La Comunidad de Baleares, por su parte, adjudicó un contrato para comprar mascarillas por valor de 3,7 millones que nunca fueron utilizadas por “no tener la calidad adecuada” y permanecieron en un almacén durante tres años sin que el gobierno de Armengol exigiera el reembolso. En total, el montante de estos contratos asciende a 50,8 millones de euros, una cifra muy similar a la cifra de facturación de Soluciones de Gestión en 2020. Armengol negó inicialmente haber mantenido contactos con Koldo García, como bulo llegó a calificar el asunto, aunque más tarde la Unidad Central Operativo contabilizó 65 mensajes cruzados entre ambos, en alguno de los cuales Koldo se permitía llamar a la presidenta ‘cariño’. Éstas 65 balas no se disparaban precisamente al aire.
En la actualidad, la presidenta Armengol preside el Congreso de los Diputados y el presidente Torres ocupa la cartera de Política Territorial en el gobierno de Sánchez, ambos están aforados, y ambos han aprovechado su condición de ser los presidentes de sus Comunidades cuando se firmaron los contratos de mascarillas para reclamar a la Sala de lo Penal el privilegio de testificar por escrito, evitándose así comparecer en la vista oral el pasado el 22 de abril. Ya he confesado mi ignorancia en estas materias, pero como ciudadano de a pie considero que el privilegio reconocido en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), invocado por Torres y Armengol y aceptado por la Sala de lo Penal con el respaldo por la Fiscalía Anticorrupción, ha impedido que ambos pudieran ser preguntados y repreguntados por el fiscal y los abogados de la defensa que habían solicitado su comparecencia, a fin de aclarar cómo se gestaron los contratos millonarios firmados con Soluciones de Gestión por los gobiernos que presidían, y explicar por qué se abonaron el importe de mascarillas carentes de la calidad adecuada en los momentos más álgidos de la pandemia. A la vista de decisiones como ésta, aunque con respaldo legal, resulta muy difícil admitir que “los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, como reconoce el artículo 14 de la Constitución Española, y quizá, por ello, el artículo 412 LEC debería ser reformado.
Soluciones de Gestión y cobro de mordidas
Nos encontramos ante una empresa fantasma, Soluciones de Gestión, avivada al calor de la pandemia con el fuelle de Aldama, los resoplidos del ejemplar aizkolari socialista y los contactos del azote de la indecencia en política, la mano derecha del presidente Sánchez en la moción de censura que lo aupó a la Moncloa. La empresa pasó de no facturar casi nada en 2019 a facturar 53,1 millones en 2020, prácticamente su totalidad a organismos estatales, y 1,4 millones en 2023, obteniendo un beneficio de 3,9 millones y 276.553 euros en 2021. Viene aquí también a colación mi obsesión por contar las balas. Al calcular la ratio de beneficio por euro facturado obtenemos tan sólo 7,34 % en 2020 y 19,75 % en 2021. A mí, no sé a ustedes, esta diferencia tan abultada me resulta harto sospechosa, y me lleva a preguntar si no estarían ahí escondidas las mordidas pagadas en 2020.
Porque con independencia de lo que haya salido en el juicio oral, las mordidas parecen estar suficientemente acreditadas. Al parecer, Koldo y Ábalos se reunían con regularidad hasta agosto de 2021y a partir de ese momento y hasta octubre de 2022, Joseba García, el mismo que declaró en el juicio haber recogido en la sede del PSOE sobres con dinero en efectivo para Koldo en dos ocasiones, era quien se reunía con Aldama para recoger el dinero. Los informes de la UCO detallan varias reuniones de Joseba con Aldama y hasta algunos viajes a República Dominicana para recoger el dinero. Como es lógico, la colaboración de Aldama ha estado muy medida buscando reducir su condena y evitando entrar en otros asuntos que podrían haber ampliado la lista de delitos que se le imputan. Porque seamos serios, el piso de Jéssica en Plaza España, el chalet de vacaciones en Cádiz y en torno a 10.000 euros al mes entre 2019 y 2022 como pago por 53 millones en contratos de mascarillas, algunas adjudicaciones millonarias de obra pública y una licencia de hidrocarburos parece poca cosa.
Tres son las conclusiones principales que cabe extraer de la fase oral de este primer juicio a la trama Ábalos-Koldo-Aldama. Primera, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el fiscal Anticorrupción han pasado de puntillas sobre los contratos de mascarillas. Segunda, Ábalos ha preferido presentarse como la víctima de una causa en la que no se ha respetado su presunción de inocencia y se le ha condenado de antemano en un proceso que él mismo calificó de inquisitorial. Y, tercera, gracias a la cautela de Ábalos, el señalamiento por Aldama del presidente Sánchez como el número uno de la trama, que el fiscal Luzón se permitió atribuirlo a un desahogo del acusado, ha quedado desactivado de momento.
