El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa que afecta al diputado de ERC y exconseller de Interior Joan Ignasi Elena y al exdiputado de ICV Joan Herrera. El caso está relacionado con supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas realizadas por el Ayuntamiento de Altafulla.
La causa se centra en contratos de asesoría adjudicados entre 2017 y 2019 al despacho Sinergia EDM, fundado por ambos investigados. También está implicado el exalcalde de Altafulla y actual diputado de Sumar por En Comú Podem, Fèlix Alonso Colomé, señalado como presunto autor material de los hechos.
Contratos bajo sospecha
La investigación se centra en dos contratos del Ayuntamiento de Altafulla. Por un lado, una prórroga supuestamente irregular de un contrato de asesoramiento firmado en octubre de 2017, que generó 22 facturas entre 2017 y 2019. Por otro, se examina un contrato menor de junio de 2017 para la redacción de los pliegos del proyecto del centro cívico “La Violeta”.
Posibles irregularidades
El TSJC aprecia indicios de un posible uso indebido del contrato menor para adjudicar servicios de forma directa, eludiendo los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia.
Además, se investiga si se superaron los límites legales de duración e importe de estos contratos y si se omitieron informes obligatorios, incluidos advertimientos de la intervención municipal.
Asunción del caso por el TSJC
El TSJC ha asumido la competencia del procedimiento, que inicialmente se instruía en un juzgado del Vendrell, al existir implicaciones de un cargo aforado. Parte de la investigación podría derivarse al Tribunal Supremo en función del aforamiento de los implicados.
Defensa de Joan Ignasi Elena
Fuentes de la defensa de Joan Ignasi Elena señalan que los contratos investigados tenían un valor aproximado de 30.000 euros sin IVA y que la prestación del servicio continuó durante varios meses tras la finalización formal de uno de los contratos.
La defensa sostiene que esta situación podría implicar una irregularidad administrativa, pero no constituye en ningún caso una infracción penal.
