El abogado Gonzalo Boye, conocido por ejercer la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha publicado un artículo de opinión en el que rechaza que las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puedan calificarse como casos de lawfare o persecución judicial.
En el texto, titulado No es lawfare, Boye sostiene que el término ha perdido parte de su significado por el uso político que se hace de él y defiende que solo puede hablarse de lawfare cuando concurren elementos como jueces parciales, procedimientos manipulados, pruebas débiles y una estrategia mediática coordinada. Según afirma, esos requisitos no se darían en las causas actualmente abiertas contra dirigentes o personas vinculadas al PSOE.
El abogado cita expresamente los casos relacionados con el exministro José Luis Ábalos, el denominado caso Koldo, la investigación sobre el rescate de Plus Ultra que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las diligencias relacionadas con Santos Cerdán y Leire Díez. A su juicio, los procedimientos están siendo instruidos por distintos juzgados y magistrados repartidos por diferentes puntos de España, lo que, según argumenta, dificulta sostener la existencia de una actuación coordinada con fines políticos.
Referencias a Plus Ultra y Ferraz
Boye sostiene que las investigaciones se apoyan en documentación, mensajes y pruebas obtenidas durante las diligencias judiciales. En particular, menciona los informes policiales relacionados con el rescate de Plus Ultra y el registro efectuado en dependencias vinculadas al expresidente Rodríguez Zapatero.
Asimismo, señala que las actuaciones judiciales describen supuestas maniobras destinadas a influir en investigaciones en curso mediante contactos con fiscales, testigos y responsables policiales, extremos que, según el letrado, aparecen recogidos en resoluciones y documentos incorporados a las causas.
Crítica al uso político del concepto de lawfare
En su artículo, Boye sostiene que el relato del lawfare estaría siendo utilizado como una herramienta de defensa política frente a investigaciones judiciales que avanzan sobre presuntas conductas irregulares. A su juicio, los investigados disponen de todas las garantías procesales previstas en el Estado de derecho, incluyendo defensa jurídica, recursos y supervisión judicial.
El abogado concluye que las causas abiertas contra dirigentes y personas próximas al PSOE responden al funcionamiento ordinario de la Justicia y no a una estrategia de persecución política. Por ello, afirma que calificar estos procedimientos como lawfare supone, en su opinión, «invertir el sentido de las palabras» y tratar de desviar la atención sobre los hechos que se investigan.
