Mucho se habla en la España de los últimos dos o tres años de los escritos firmados por personas para arropar y aplaudir a un Gobierno que se encuentra acosado, sobre todo por esa pinza infernal que componen los jueces (en concreto, los de instrucción) y los periodistas: conspiradores de la peor especie. Estamos ante algo no privativo nuestro, porque en Latinoamérica, sobre todo en México, lo que se conoce como “el oficialismo” se expresa desde antiguo con ese tipo de formatos para los discursos que suelen invocar la legitimidad del gobernante de turno -en los tiempos que corren, por su carácter inmaculadamente democrático- y lo avieso de los que emplean cualquier excusa -“malas artes”- para hacer campaña contra él y sólo buscan desacreditarlo, al grado de que le llevan a tesituras tan penosas como para tener que pedir tiempo muerto por cinco días para reflexionar si le merece la pena seguir en medio de ese vendaval tan injusto.
Pero, puestos a buscar precedentes en nuestra entrañable piel de toro -una sociedad, no se olvide, cuyos componentes tribales, de origen berebere, siguen explicando tantas cosas-, habría que recordar lo sucedido en 1814 con el conocido como “Manifiesto de los persas”, suscrito el 12 de abril por sesenta y nueve Diputados. Se trataba de apoyar a un Fernando VII –“el Deseado”- que estaba volviendo de su destierro en Valençay, en el valle del Loira, y se dirigía a un país que entre tanto había aprobado la Constitución de Cádiz.
¿Por qué los persas? Porque, para justificar el apoyo a que se retornase al absolutismo, el texto se empezaba mencionando la costumbre de los antiguos persas de tener cinco días de anarquía -una especie de fiestas saturnales, dicho en términos romanos- tras la muerte de cada rey. El escrito se basaba ahí para calificar de anarquía -en realidad, descalificarlo- el liberalismo gaditano y defender la vuelta a la monarquía de siempre como “una obra de la razón y de la inteligencia …, subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado”: era ese derecho divino, y no la democracia, lo que en aquella sazón se invocaba como fundamento. Y en efecto tal designio se cumplió el 4 de mayo mediante el llamado Decreto de Valencia, que bien pudiera calificarse de golpe de Estado si no fuese porque esa palabra, al emplearse para tantas cosas, ha acabado no significando nada. Así de mal se mantuvieron las cosas durante seis años, hasta Riego en 1820.
También es mala suerte tener un precedente tan poco brillante
Si toda corte engendra sus cortesanos, así sucedió en ese período del mandato del felón -ese ha sido el nombre que le ha quedado- que transcurrió entre 1814 y 1820. Galdós, en la segunda serie de Los Episodios Nacionales, le concedió el protagonismo a alguien de ese gremio, Juan Bragas de Pipaón. De hecho, una de esas novelas, históricas donde las haya, se llama “Memorias de un cortesano de 1815”.
Se dice, sobre todo en estas épocas de vértigo tecnológico, aquello de Sebastián y el boticario Don Hilarión en La verbena de la paloma: “Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”. Pero también es verdad lo contrario: que existen situaciones -las conductas humanas de genuflexión ante el poderoso de turno, invocando las razones que en cada momento encarten: ayer el derecho divino y hoy la democracia- en las que, en el fondo, nihil novum sub sole. Y da la casualidad de que en el remoto e infeliz 1814, hace más de doscientos años, puestos a determinar un arco temporal para la definición de un escenario, se hablase precisamente de cinco días. También es mala suerte tener un precedente tan poco brillante.
Sí, es para creer en las coincidencias, que diría Borges.
