El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una propuesta impulsada por el PP y transaccionada con el PSC para impulsar la incorporación de dispositivos conductores de energía, conocidos como pistolas Taser o equivalentes, a la dotación de la Guardia Urbana. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de populares, socialistas, Vox y Junts.
La proposición insta al Gobierno municipal a presentar en el plazo máximo de un mes un reglamento que regule la dotación y el uso de estos dispositivos, previamente consensuado con los representantes sindicales del cuerpo.
Una vez aprobado el reglamento, el Ayuntamiento deberá iniciar de forma inmediata el expediente de contratación y publicar, en un plazo máximo de tres meses, la licitación para adquirir las pistolas Taser o dispositivos equivalentes destinados a la Guardia Urbana de Barcelona.
La iniciativa también contempla que la contratación incluya cámaras personales de grabación vinculadas a cada dispositivo, cartuchos, baterías, fundas, mantenimiento, actualizaciones tecnológicas, sistemas de trazabilidad y auditoría, así como la formación inicial y continua de los agentes autorizados para utilizarlos.
Despliegue en todos los distritos
El texto aprobado reclama además la elaboración de un plan de despliegue territorial y operativo que garantice la disponibilidad inmediata de estos dispositivos en todos los distritos y en todos los turnos de servicio. La prioridad será para las unidades territoriales, los mandos operativos, el servicio nocturno, la Unidad de Refuerzo de Emergencias y Proximidad (UREP) y las patrullas que intervienen habitualmente en situaciones de alto riesgo.
Asimismo, el Consistorio deberá realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para que los primeros dispositivos puedan entrar en servicio antes de que finalice el actual mandato municipal e informar periódicamente a los grupos municipales sobre el estado de la licitación, la formación de los agentes y el despliegue efectivo.
El incidente de General Mitre
La propuesta toma como referencia el episodio ocurrido el pasado 18 de junio, cuando un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones recorrió la ronda del General Mitre y las calles Muntaner y Mandri amenazando a viandantes y agentes de policía.
El texto sostiene que aquel suceso evidenció la utilidad de este tipo de dispositivos como herramienta policial intermedia frente a personas armadas o en estado de extrema agitación, reduciendo la necesidad de recurrir al arma de fuego.
Además, recuerda que la Guardia Urbana identificó durante 2023 alrededor de 150 intervenciones en las que este tipo de dispositivos podrían haber resultado útiles y que, durante 2024, tuvo que desarmar a personas con armas blancas en trece ocasiones.
La iniciativa también critica que la anterior propuesta del Gobierno municipal contemplara únicamente la adquisición de 22 dispositivos, una cifra que considera insuficiente para garantizar una respuesta inmediata en toda la ciudad, y recuerda que en junio de 2025 no prosperó el reglamento después de que Junts, Barcelona en Comú y ERC votaran en contra, lo que llevó al Ejecutivo municipal a abandonar tanto la regulación como la compra prevista.
