En una entrevista concedida por García-Page a El Periódico, el presidente de Castilla La Mancha amplió el diagnóstico hecho en el Comité Federal del PSOE celebrado el 27 de junio acerca de la grave situación de su partido. Estas fueron sus palabras:
“Tenemos más de 120 personas imputadas, un expresidente imputado y muchísimas causas abiertas. El nivel de credibilidad que tenemos ahora mismo es más discutible que en ningún momento de nuestra historia. Primero, por los pactos antinaturales con la extrema derecha independentista. Segundo, por los incumplimientos de compromisos electorales, incluso casi diría por el ninguneo de los compromisos electorales bajo la teoría de que las cosas de campaña no tienen por qué cumplirse. O decir que las mayorías en realidad son más de minorías. Se dicen demasiadas tonterías de argumentario político impostado. Y claro, ahora tenemos un socavón de credibilidad en la organización. Y esto no se puede defender desde un búnker. En el Congreso de Sevilla dije que la estrategia que estaba viendo era la de bunkerizar el PSOE. Pero un búnker por su propia definición termina siendo una prisión.”
En otro momento de la citada entrevista, García-Page se preguntaba si no somos culpables de nada, responsables de lo que está pasando, si todo es una conjura mundial y no hay nada de lo que debamos arrepentirnos. Ya a la salida del Comité Federal, García-Page había resumido su pesimista análisis de la situación del PSOE de Sánchez ante los periodistas allí congregados y planteado con toda crudeza su personal punto de vista: “Hoy creo que España entera se pregunta solamente cuándo y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país a los propios”. ¿Cuándo convocará Sánchez elecciones generales? Para cualquier observador de la vida política española, cuya supervivencia y sustento no dependen del presidente Sánchez, la respuesta no ofrece dificultad alguna: la fecha más favorable para sus propios intereses. ¡Los intereses del país! Menuda broma
Cierre de filas en torno al número 1
Resulta tan absurdo pedir a Sánchez y a sus apéndices en el Gobierno y el partido que anteponga los intereses del país a los suyos como sería pedírselo a un jefe mafioso y sus capos. Con tantas tramas de corrupción confluyendo en el palacio de la Moncloa y Ferraz, resulta imposible escapar a la conclusión de que todas la personas condenadas o investigadas por formar parte de una estructura criminal organizada están relacionadas con Sánchez y hasta podría decirse que el grado de corrupción de los distintos investigados es directamente proporcional a la cercanía y confianza de que gozaron y la importancia de los encargos que les encomendó su secretario general. Podría decirse que Sánchez ha corrompido a casi todos los que se han puesto a sus órdenes desde 2014 comenzando por sus dos secretarios de organización y algunas ministras de cabecera.
Está claro que la mayoría de los congregados en el aquelarre de Ferraz están obligados a sostener que todo es una conjura mundial y el PSOE de Sánchez es el partido más íntegro y transparente desde el inicio de la democracia, si no desde los albores de la Humanidad, donde las cuentas cuadran al céntimo. Y lo es pese al centenar largo de imputados, cifra que se engrosa cada día que pasa, y los testimonios aportados por varios testigos que, pese a los intentos de los fontaneros a sueldo de Sánchez de sobornarles para que cambiaran sus declaraciones, han confirmado en sede judicial tanto la entrada de bolsas con billetes en la sede del PSOE como la salida de sobres voladores con chistorras y otros condimentos para cubrir gastos sospechosos y mal acreditados.
Todos ellos han sido o son peones, alfiles, caballos y torres de Sánchez, personas a los que encargó amañar las primarias, alcanzar pactos inicuos y vergonzantes con golpistas catalanes y etarras vascos, retorcer el funcionamiento de instituciones como la Abogacía, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional para validarlos, utilizar al fiscal general para atacar a adversarios políticos, amañar desde la SEPI el rescate con dinero público de varias empresas, financiar actividades del partido con presuntas mordidas, etc., etc. Naturalmente, como en cualquier organización mafiosa los lugartenientes y soldados encargados de ejecutarlas reciben sus gratificaciones y algunos hasta se atreven a hacer sus pinitos y formar una familia propia.
Comprendo la desazón de García-Page ante un panorama tan siniestro y considero inteligente, siendo como es la única voz discrepante, que emplee palabras muy medidas para denunciar la grave situación, apunte a la responsabilidad de Sánchez y pida la convocatoria de elecciones generales. Un tono más subido le serviría de excusa al secretario general para abrirle un expediente sancionador como ha hecho con otros líderes socialistas críticos, aunque no tengo ninguna duda de que si García-Page no revalida la mayoría absoluta en Castilla La Mancha su suerte estará echada.
Cambiar el censo electoral
Ante el desplome electoral del PSOE de Sánchez en las últimas convocatorias autonómicas y la cada vez más desesperada situación a que se enfrenta el partido en los tribunales, a Sánchez no le basta ya con comprar los votos de pensionistas y diputados, cazadores de ayudas y subvenciones, y necesita ampliar el censo electoral para mantenerse en la Moncloa. La disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática otorga a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”. Asimismo, podrán adquirir la nacionalidad española “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”, y “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre”.
La pregunta que los ciudadanos españoles nos hacemos en estos momentos tan críticos para el PSOE de Sánchez y para el futuro político de España es si estamos ante una medida de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, la justificación empleada por el gobierno de Sánchez para impulsar esta Ley, o ante una operación de ingeniería social con la que Sánchez pretende ganarse los votos de cientos de miles de personas agradecidas por adquirir gratis la nacionalidad española de la noche a la mañana. Para aclarar las intenciones del ejecutivo, Sofía Puente Santiago, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmó la instrucción de 25 de octubre de 2022 que abre la puerta a nacionalizar a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”, con independencia de que fueran o no víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, haciendo una interpretación subjetiva y ajena a sus competencias de la disposición adicional octava de la citada Ley aprobada en Las Cortes.
Otorgar el derecho a decidir el futuro político de España a personas que nacieron en otro país y nunca han residido en España ni mostrado interés alguno en asentarse en nuestro país, otorgarles todos los derechos y ninguna de las obligaciones reconocidas a los españoles en la Constitución de 1978, entre las segundas la nada menor impuesta a todos de contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica”, constituye un auténtico disparate moral y político, Personalmente, entendería ofrecer la nacionalidad española a los descendientes de españoles forzados al exilio condicionada a fijar su residencia permanente en España, pero nadie con dos dedos de frente puede aceptar que cientos de miles de personas que viven y votan en otros países y no contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos en España puedan ejercer el derecho a voto en las próximas elecciones generales por el mero hecho de que su abuelo o tatarabuelo sufrió exilio o simplemente decidió irse al país donde sus hijos, nietos y tataranietos nacieron y vivieron.
