Un total de 58 personas privadas de libertad han cambiado su sexo registral desde la entrada en vigor de la Ley 4/2023, conocida como ley trans. Así consta en una resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias obtenida por The Objective a través de una solicitud de información presentada al amparo de la Ley de Transparencia.
Según la documentación, 48 de estos cambios corresponden a internos que modificaron su inscripción registral de hombre a mujer, mientras que los otros diez realizaron el cambio de mujer a hombre.
Los datos abarcan el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2023, fecha en la que entró en vigor la norma, y la respuesta emitida por Instituciones Penitenciarias a la citada petición de información. La ley eliminó la obligación de presentar informes médicos o someterse a tratamientos hormonales para modificar el sexo registral, sustituyéndolos por una declaración de voluntad ante el Registro Civil.
La propia resolución aclara que únicamente se contabilizan los cambios registrales de los que la Administración penitenciaria tuvo conocimiento mientras la persona permanecía en prisión. Por ello, el Ministerio del Interior advierte de que la cifra podría no incluir todos los cambios realizados por personas privadas de libertad.
En cualquier caso, el número de cambios conocidos prácticamente duplica el registrado hace un año, cuando la cifra ascendía a 25.
Interior no controla las peticiones de cambio de módulo
La resolución también pone de manifiesto que el Ministerio del Interior carece de estadísticas sobre varios aspectos relacionados con la aplicación de la ley trans en las prisiones españolas. En concreto, reconoce que no contabiliza cuántos internos han solicitado un cambio de sexo registral mientras cumplen condena, ni cuántos han pedido ser trasladados a un módulo masculino alegando ser hombres trans o a un módulo femenino tras identificarse como mujeres trans.
Esta ausencia de registros impide conocer cuántos de los cambios registrales han ido acompañados de solicitudes para modificar el módulo o incluso el centro penitenciario.
No obstante, Instituciones Penitenciarias señala que el destino de cada interno no depende de forma automática del sexo registral. La asignación a un determinado centro o módulo se estudia de manera individualizada mediante un «análisis holístico» realizado por los Equipos Técnicos y las Juntas de Tratamiento de cada prisión.
Más de 15.800 cambios registrales desde la aprobación de la ley
El incremento registrado en el ámbito penitenciario coincide con el aumento de cambios de sexo registral en el conjunto de España desde la aprobación de la ley trans.
Según los datos oficiales del Gobierno, en 2022, último año completo antes de la entrada en vigor de la norma, se registraron 1.305 cambios de sexo en el Registro Civil. En 2023 la cifra se elevó hasta los 5.139 y en 2024 volvió a crecer hasta alcanzar los 5.531.
En total, sumando también los datos correspondientes a 2025, ya son 15.818 las personas que han modificado su sexo registral desde la aprobación de la Ley 4/2023.
