La Comisión Europea ha vuelto a lanzar un serio aviso a España por el deterioro del Estado de Derecho. En su informe anual sobre la situación de los 27 Estados miembros, Bruselas reclama al Gobierno de Pedro Sánchez nuevas medidas para combatir la corrupción, reforzar la independencia judicial y poner fin a las declaraciones políticas que, a su juicio, dañan la confianza de los ciudadanos en los jueces.
El documento, que no tiene carácter vinculante, reconoce algunos avances en la reducción de los tiempos de instrucción de los grandes casos de corrupción gracias al aumento de medios y a determinadas reformas legislativas. Sin embargo, considera que estos progresos siguen siendo insuficientes y que persisten importantes deficiencias.
Bruselas alerta de los ataques a la Justicia
Por tercer año consecutivo, la Comisión Europea recoge la preocupación expresada por jueces y profesionales del Derecho ante las críticas públicas vertidas desde el ámbito político, incluido el propio Gobierno, contra determinadas resoluciones judiciales.
El informe cita la inquietud manifestada por el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las asociaciones judiciales e incluso el Tribunal Constitucional por las descalificaciones dirigidas contra magistrados concretos. Según Bruselas, este tipo de declaraciones contribuye a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
La Comisión también hace referencia a las denuncias trasladadas por el Tribunal Supremo sobre las acusaciones de lawfare y los ataques personales sufridos por algunos magistrados tras dictar resoluciones de gran repercusión, como las relacionadas con la investigación a Begoña Gómez. Aunque recuerda que la crítica a las decisiones judiciales forma parte del debate democrático, el Ejecutivo comunitario subraya que los poderes ejecutivo y legislativo deben abstenerse de realizar manifestaciones que puedan menoscabar la independencia judicial o la confianza pública en los tribunales.
Más medidas contra la corrupción
El informe también concluye que España ha avanzado muy poco en el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de los altos cargos. Bruselas considera que iniciativas como el Plan Estatal Anticorrupción no han supuesto una mejora real en la aplicación de la normativa vigente y reclama reforzar la legislación para garantizar un control más eficaz sobre los responsables públicos.
Asimismo, recomienda acelerar la reforma del Código Procesal Penal para agilizar las investigaciones y los procedimientos por corrupción de alto nivel, uno de los principales déficits que sigue detectando la Comisión Europea.
Sigue pendiente la reforma del CGPJ
Otro de los reproches del informe afecta al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. La Comisión recuerda que continúa pendiente la reforma comprometida para adaptar el modelo español a los estándares europeos y a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que defienden que una parte significativa de los vocales del órgano de gobierno de los jueces sea elegida directamente por la propia carrera judicial.
Aunque reconoce que ha habido algunos avances tras el acuerdo alcanzado hace dos años entre PSOE y PP con la mediación de Bruselas para desbloquear la renovación del CGPJ, el Ejecutivo comunitario lamenta que todavía no exista un consenso que permita culminar esa reforma.
En consecuencia, la Comisión Europea vuelve a instar al Gobierno español a acelerar tanto las reformas destinadas a reforzar la independencia judicial como las medidas para prevenir la corrupción y mejorar la transparencia de las instituciones.
