El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha reclamado a España el retorno de todos los menores marroquíes no acompañados que permanecen en el país. Rabat sostiene que deben regresar con sus familias y ha anunciado que solicitará su repatriación por las vías legal y política. La petición incluye tanto a los menores llegados recientemente a Ceuta como a los que ya estaban en centros de acogida españoles.
El Gobierno descarta devoluciones
La petición de Marruecos no permite a España devolver automáticamente a los menores. La legislación exige estudiar cada caso de forma individual y garantizar el interés superior del menor, por lo que tampoco sería posible una repatriación colectiva mediante un acuerdo entre ambos países.
España y Marruecos cuentan con un acuerdo de retorno firmado en 2007 y vigente desde 2012, pero este obliga a respetar la legislación española, el derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Supremo marca límites
El Tribunal Supremo ya ha establecido límites a las devoluciones de menores. En 2024, declaró ilegales los retornos realizados desde Ceuta a Marruecos en 2021 al no haberse seguido el procedimiento individual exigido por la Ley de Extranjería.
Además, el Supremo señaló que el acuerdo entre España y Marruecos no permite ignorar las garantías establecidas por la legislación española y los tratados internacionales.
El PP critica al Gobierno
El PP ha aprovechado la petición de Marruecos para criticar la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta. Los populares reclaman más medios para identificar y filiar a los menores, conocer su situación y tramitar cada caso de forma individual.
El partido considera que el problema inmediato no está en la legislación, sino en su aplicación, y pide reforzar Ceuta con fiscales y abogados de oficio para garantizar que los menores sean identificados, informados y escuchados antes de decidir sobre su futuro.
Identificación antes del traslado
El PP reclama que el Estado complete la identificación y determinación de la edad de los menores antes de trasladarlos a otras comunidades autónomas. Los populares cuestionan que se realicen derivaciones mientras persisten dudas sobre la edad de algunos jóvenes llegados a Ceuta.
El partido sostiene que en Madrid se han detectado casos de personas trasladadas como posibles menores que posteriormente fueron consideradas adultas. Por ello, exige que el proceso de filiación sea responsabilidad del Estado y se complete antes de cualquier traslado.
La ley permite trasladarlos
La polémica también se centra en la reforma de la Ley de Extranjería de 2025, que permite trasladar a menores no acompañados a otras comunidades antes de concluir la determinación de su edad.
El traslado debe realizarse en un máximo de 15 días desde su inscripción en el registro correspondiente, incluso cuando existan dudas sobre su edad. El PP pide modificar esta norma para que la identificación y la determinación de edad se completen antes de cualquier traslado.
Cada caso debe estudiarse
La repatriación de un menor extranjero no acompañado debe seguir un procedimiento con garantías. Cuando existen dudas sobre su edad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben informar a los servicios de protección y a la Fiscalía, que puede ordenar las pruebas necesarias para determinarla.
Una vez confirmada la minoría de edad, el menor queda bajo la protección de la comunidad autónoma correspondiente y, si esta asume su tutela, su residencia en España pasa a ser legal a todos los efectos.
El retorno exige garantías
Para autorizar la repatriación de un menor, las autoridades deben conocer su situación familiar y las condiciones de protección que tendría en Marruecos, además de recabar información de los servicios que actualmente lo tutelan.
El menor debe ser informado de sus derechos, poder presentar alegaciones y ser escuchado cuando tenga suficiente madurez. La devolución solo puede realizarse si se garantiza su reagrupación con la familia o su entrega a servicios de protección adecuados en su país de origen.
Ceuta ya suma 1.400 menores
La crisis migratoria mantiene desbordados los servicios de Ceuta, donde ya han sido filiados alrededor de 1.400 menores, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aunque la cifra todavía no es definitiva.
Torres ha reconocido que el reagrupamiento familiar “no es sencillo” y depende en buena medida de la colaboración de Marruecos. Mientras tanto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido agilizar la acogida de los menores.
Reunión el 13 de agosto
El próximo jueves, 13 de agosto, las comunidades autónomas se reunirán con el Gobierno en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar la situación de los menores llegados a Ceuta y su posible reparto.
Las comunidades gobernadas por el PP han confirmado su asistencia, en un encuentro que servirá para coordinar la respuesta de las administraciones ante una crisis que mantiene abierto el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición y vuelve a situar a Marruecos en el centro del debate migratorio.
Retorno frente a garantías
La petición de Rabat puede facilitar la localización de familiares y los procesos de reagrupamiento, pero no permite realizar devoluciones colectivas. España deberá estudiar cada caso de forma individual y garantizar siempre el interés superior del menor.
El PP reclama que todos los menores sean identificados y filiados antes de ser trasladados a otras comunidades, además de una reforma legal. El debate enfrenta así la exigencia de agilizar los retornos con la obligación de garantizar los derechos de los menores.
