La crisis de Ceuta ha hecho aflorar una paradoja. Marruecos quiere a sus menores, al menos eso dice, pero no parece decido a dar los pasos prácticos para hacerlo posible. España dice que pueden irse pero de facto quiere que se queden, diga lo que diga Marlaska, pues no toma las medidas necesarias para hacerlo posible: por ejemplo un decreto ley de urgencia que modifique la ley. La única preocupación real de los políticos, especialmente los españoles que vislumbran ya elecciones legislativas y municipales es ganar la batalla del relato.
1. La posición de Marruecos: reclama su regreso. También los que ya están desde ahce tiempo en La Península.
El Gobierno marroquí ha dado en los últimos días un mensaje especialmente explícito. El ministro de Justicia, Abdellatif Uahbi, ha afirmado que Marruecos quiere recuperar a sus menores que se encuentran en España, incluidos los llegados a Ceuta el 30 y 31 de julio, y que está dispuesto a activar las vías jurídicas y políticas necesarias.
La posición de Rabat podría resumirse así: son menores marroquíes, Marruecos acepta —e incluso reclama— su regreso y España debería facilitarlo. Además, Marruecos sostiene que existen «obstáculos judiciales» y administrativos en España y Europa que impiden o retrasan esas repatriaciones.
Hay, sin embargo, un antecedente que aconseja cierta cautela: Marruecos ya hizo planteamientos similares anteriormente sin que se tradujeran en repatriaciones significativas. La razón , como veremos más adelante como veremos más adelante, es que la «exportación» de personas es un negocio muy lucrativo para Marruecos. Difícilmente se tomará en serio cualquier medida que signifique frenar la emigración y consecuentemente frenar el crecimiento de la entrada de remesas.
2. La posición del Gobierno español: retorno sí, pero no devolución automática
El Gobierno español también considera prioritario el retorno a Marruecos cuando sea jurídicamente posible, pero sostiene que no puede tratar a los menores como a inmigrantes adultos en situación irregular y proceder simplemente a su devolución.
España está obligada a aplicar la legislación de extranjería y, sobre todo, el principio del interés superior del menor. Por tanto, la aceptación genérica de Marruecos de recibirlos no basta por sí sola para devolverlos colectivamente.
En términos prácticos, la Administración española tiene que determinar individualmente, entre otras cuestiones:
- que efectivamente se trata de un menor;
- su identidad y nacionalidad;
- localizar o identificar a su familia o determinar qué institución marroquí se haría cargo;
- comprobar las condiciones en las que sería recibido;
- y determinar que el retorno es compatible con el interés superior del menor.
Por ello, el Gobierno mantiene paralelamente el mecanismo de reubicación de menores desde Ceuta hacia otras comunidades autónomas, derivado de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Antes de la actual crisis, el Ejecutivo ya estaba aplicándolo: en marzo informaba de 437 menores trasladados desde Ceuta de los 571 cuyos expedientes estaban culminados.
3.Hay además un acuerdo bilateral España-Marruecos
Esto es importante porque la discusión no parte de cero. Existe un acuerdo bilateral sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, protección y retorno concertado, firmado en 2007.
Precisamente el PP está reclamando ahora al Gobierno que utilice ese acuerdo para acelerar las repatriaciones.
Pero el acuerdo bilateral no elimina las garantías individuales. No convierte la nacionalidad marroquí del menor y la aceptación de Rabat en una orden automática de devolución.
Y aquí aparece una cuestión jurídica especialmente relevante: la experiencia de 2021, cuando España intentó devolver a Marruecos a menores que habían entrado masivamente en Ceuta, terminó judicializada. Ese precedente hace que el Gobierno sea ahora mucho más cuidadoso con cualquier procedimiento que pueda interpretarse como devolución colectiva.
Conclusiones
La sensación es que a ambos países le importan muy poco los menores y que lo único que esta en juego es la batalla política por el relato. Marruecos dice, con la boca pequeña «los menores son nuestros y estamos dispuestos a recibirlos». Pero no podemos olvidar que Marruecos vive de las remesas, entorno al 7,5% del PIB, y que además la emigración de menores le quita presión interna en un país con altas cotas de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
El Gobierno español hasta ahora ha mantenido el discurso de la casa es grande y caben todos los que vengan. Cualquier restricción es cosa de fachas. Parece que las imágenes de Ceuta y la reacción contraria de diversos países europeos a la regularización indiscriminada y su efecto llamada han hecho mella en el discurso gubernamental y Marlaska, por primera vez, ha puesto limites a la regularización al afirmar que ninguna de las 5.000 personas que continúan en Ceuta serán regularizadas. «queremos que regresen cuando sea posible, pero vuestra aceptación no nos permite subirlos a un autobús y devolverlos; tenemos que examinar cada caso».
Esta limitación permite a Marruecos trasladar la responsabilidad hacia España: si nosotros los aceptamos y no vuelven, el problema está en la legislación y los tribunales españoles/europeos.
Y permite al Gobierno español sostener que no se trata de falta de voluntad política sino de límites jurídicos, mientras mantiene como solución provisional la redistribución por las comunidades autónomas.
La realidad es que se trata de ganar tiempo. De que las imágenes de la invasión se vayan borrando de la cabeza de los españoles. No va a haber cambio de la política migratoria de Sánchez porqué forma parte de su discurso de líder mundial contra la extrema derecha. Todo lo más alguna medida decorativa para simular hacer algo.
