Quizá podríamos extender el calificativo de agónica a toda la Legislatura, aunque la verdad es que las últimas ruedas de prensa del Consejo de Ministros, parafraseando una conocida sevillana de Los del Río, tienen un aroma especial. La semana pasada, los ministros se dedicaron a justificar la infumable ampliación de la ley de nietos a todos los descendientes de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955 para engrosar el censo electoral, recurriendo torticeramente al argumento de que los ‘progresistas’ no quieren ciudadanos de primera y segunda. Yo tampoco y precisamente por ser progresista exijo que todos los españoles tengamos los mismos derechos y deberes: el derecho a participar en los procesos electorales cuando pueda constatarse arraigo en España y el compromiso de quienes quieren acceder ahora a la nacionalidad de aportar recursos al sostenimiento de las Administraciones Públicas, como el resto de españoles. Esta semana, a Elma Saiz, Licenciada en Derecho, asesora fiscal de profesión y ministra con competencias sobre inmigración y pensiones -dos de los principales problemas de la sociedad española junto con la vivienda-, le ha tocado explicarnos al final del Consejo cómo entiende la justicia este gobierno.
Elma Saiz, una mujer justa
No tiene desperdicio escuchar los disparates ‘progresistas’ que Saiz pronunció en la rueda de prensa del 21 de septiembre en el palacio de la Moncloa: “Desgraciadamente, nadie desconoce en este país el caso de Begoña Gómez. Pero dicho esto, como Gobierno, transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia y, en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente”. Por si no les ha quedado claro, con permiso de Illa, se lo repito para que lo entiendan: sólo un veredicto de inocencia será justo y el jurado sólo será ecuánime y hará justicia si absuelve a Begoña Gómez Fernández de los dos cargos que se le imputan.
Claro que a nadie puede sorprenderle las palabras de Saiz porque el propio ministro Bolaños, titular de la cartera de Justicia y valiente exhumador de un dictador fallecido 44 años antes, ha criticado reiteradamente la instrucción del caso porque nunca se debió admitir una denuncia presentada por «una organización ultraderechista que persigue a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno y por ser progresista” y dio paso a “una instrucción anómala”. La Audiencia Provincial, como instancia superior, ha rectificado, ciertamente, las decisiones del juez Peinado en varias ocasiones durante la instrucción, pero se negó a apartarlo del caso como pretendía Bolaños. Además, el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado en dos ocasiones los recursos del ministro solicitando adoptar medidas contra el juez por su «actitud objetivamente intimidatoria», todo un fracaso que seguramente le habrá restado algunos puntos a los ojos del cónyuge de la imputada.
Las acciones legales emprendidas por Bolaños para frenar la instrucción del caso Begoña, comparadas con las amenazas y extorsiones financiadas por el PSOE de Sánchez contra jueces y fiscales, podrían considerarse un juego de niños. Esto, Sr. Bolaños, sí que es poner palos en la rueda y no preguntarse por qué el presidente estuvo tres semanas de vacaciones cuando se produjo “una violación de la integridad territorial de España” y por qué miles de inmigrantes irregulares continúan pululando, haciendo negocios y cometiendo delitos en la ciudad de Ceuta cuando Marlaska afirmó que “ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta o Melilla de manera irregular… ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado”. Me pregunto si el ministro de Interior es también xenófobo.
Begoña Gómez se sentará en el banquillo
Pero volvamos al caso Begoña. Los hechos son los que son y la Sra. Gómez va a sentarse en el banquillo para responder ante un jurado de los dos delitos que el juez Peinado le imputa. El primero, tráfico de influencias, por haberse aprovechado de su posición de cónyuge del presidente para codirigir una cátedra extraordinaria, denominada Transformación Social Competitiva, creada a su medida en la Universidad Complutense de Madrid, y recibir servicios en especie y aportaciones dinerarias sin contraprestación de diversas empresas y fundaciones de entidades financieras y compañías de seguros para financiar la aventura universitaria de una persona, por lo demás, carente de titulación o experiencia profesional contrastada. El segundo, malversación de caudales públicos, al haber utilizado de manera continuada los servicios profesionales de Cristina Álvarez, una empleada pública asimismo imputada, como secretaria personal para desempeñar tareas estrictamente privadas. No hay que olvidar tampoco que Gómez registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas el software desarrollado por varias empresas tecnológicas cuya propiedad corresponde a la Universidad, personada como perjudicada en el caso.
No, señores ministros, Gómez no va a ir a juicio por ser la mujer del presidente Sánchez, ni mucho menos por ser ‘progresista’, sino por haber presuntamente incurrido en dos delitos, y es a los nueve miembros del jurado popular, no a los ministros del Gobierno, a quienes corresponde dictar el veredicto de inocencia o culpabilidad. A quienes, como la ministra Saiz, consideran el proceso un “escarnio público” y recelan de lo que pueda decidir un jurado popular porque “desgraciadamente, nadie desconoce en este país el caso Begoña Gómez”, no les escuchamos levantar sospechas similares y dictar sentencias absolutorias en otros casos igualmente mediáticos.
Todo el mundo recuerda los penosos paseíllos del Sr. Urdangarin y la infanta Cristina de Borbón para asistir a las vistas en los juzgados de Mallorca. Lo verdaderamente vergonzoso no son las anécdotas y traspiés en la instrucción del juez Peinado, sino que las actividades presuntamente delictivas llevadas a cabo por la esposa del presidente del Gobierno hayan desembocado en su imputación y los ministros de Sánchez manifiesten tras una reunión del Consejo de Ministros que “hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente”. A esta señora ‘progresista’, la ministra Saiz, no le pagamos el sueldo por decir semejantes disparates en la sala de prensa del palacio de la Moncloa.
¿Quién ordenó “limpiar sin límites”?
La banda de Sánchez es muy extensa y aunque varias decenas de sus antiguos integrantes están ya imputados y algunos han sido ya condenados por pertenencia a organización criminal. Siempre hay nuevos aspirantes ansiosos de reemplazarlos. Los integrantes de la banda del Peugeot, con Ábalos y Cerdán, los dos secretarios de organización del PSOE de Sánchez desde 2017 hasta 2025, están imputados o condenados. Otro de los imputados de postín es Juanma Serrano, el primer director de gabinete de Sánchez cuando accedió a la secretaría general del PSOE, y propietario del mercedes con el que visitaban las agrupaciones socialistas para recuperar el control del partido, cuidándose, eso sí, de aparcarlo a una distancia prudencial de las sedes para no sembrar dudas entre las crédulas bases. Una de las últimas en caer, Ana María Fuentes, gerente del PSOE de Sánchez, compareció ante el juez Pedraz de la Audiencia Nacional que investiga la financiación del partido, y manifestó que fue Cerdán “quien ordenó encargos y los correspondientes pagos a los imputados de la presunta trama del caso Leire Díez”.
Díez fue la militante del PSOE a la que presuntamente Cerdán puso al frente de la operación “limpiar sin límites” cuando el presidente se retiró a reflexionar durante cinco días el 24 de abril de 2024, nada más conocerse la imputación de Begoña Gómez. Se imponía “revertir la situación” y para ello se puso en marcha un operativo dirigido a desacreditar a los jueces que habían instruido o estaban instruyendo causas que afectaban a líderes del PSOE. Uno de sus objetivos fue la juez Alaya, instructora hasta 2015 del caso de los EREs que concluyó sentando en el banquillo a los principales líderes del PSOE en Andalucía, y también instructora del caso Aznalcóllar, en el que resultó imputado Vicente Fernández, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, llegado a Madrid desde la Junta de Andalucía de la mano de Montero, ministra de Hacienda hasta 2025, con la que Fernández mantuvo una relación algo más que amistosa, incluso bastante tiempo después de ser imputado. Según se ha publicado, el objetivo de Díez era “exterminar socialmente a la juez Alaya”. Otra de las víctimas marcadas por la trama fue la juez Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente y según se ha conocido recientemente la trama liderada por Díez llegó incluso a contactar con organizaciones criminales a las que suministraron información personal sobre la juez y su familia para darle un sustillo. La organización criminal rehusó prestar sus servicios en tan noble causa.
El objetivo de este operativo, coloquialmente conocido como las cloacas del PSOE de Sánchez, era descarrilar las investigaciones judiciales. En uno de los audios publicados, se escucha a Díez lamentarse ante un prófugo de la justicia (el empresario Alejandro Hamlyn) de las actuaciones de Balas, director de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y pedir información porque, dijo, “lo que no quiero es que el señor Balas se convierta en verdugo de todos… no necesito a todo el mundo, necesito a Balas”, a lo que su interlocutor le respondió “Vale, listo… es sencillo, ¿qué me ofreces? … si yo traigo eso. ¿qué pasa conmigo?”.
La célula presuntamente creada desde Ferraz y dirigida por Cerdán, entonces secretario de organización, llamó también a la puerta de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, En el caso de Grinda, Leire utilizó de mensajero al periodista Pere Rusiñol para hacerle entrega de un documento “en el que le ofrecían una oferta de traslado y ascenso a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón”, fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En el caso de Stampa, quien sí se reunió con Díez y Dolset, el fiscal, que aportó un audio de más tres horas y la grabación de una de las llamadas telefónicas, declaró ante el juez que Leire “le dijo que llevaba mucho tiempo sin ejercer el periodismo y que el motivo de la reunión no era escribir un libro, sino buscar irregularidades de jueces y fiscales que les investigan”.
En su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras destaparse el asunto, Leire dijo no ser fontanera ni cobarde y quizá tenga razón porque las perlas ‘progresistas’ extraídas de los audios sobre sus andanzas, desconocidas, claro está por el presidente, apuntan más bien a ser la cabecilla de una banda de extorsionadores al servicio del PSOE de Sánchez. Después, de este repaso a la corrupción sanchista y la operación “limpiar a fondo” dirigida contra jueces, fiscales y policía judicial, hay que preguntarse si hay o no razones para recelar de la concepción de la justicia de los ministros Saiz y Bolaños y si el PSOE de Sánchez se parece o no a una banda mafiosa. Desde luego, jueces y fiscales hacen bien en desconfiar de las reformas de la justicia auspiciadas por un ministro que critica la actuación de los jueces, adelanta veredictos y no admite que el sistema judicial actúe como el “verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado” (Perelló dixit).
