El decreto de vivienda que el Gobierno intenta aprobar (septiembre 2026) es un real decreto-ley urgente, de carácter oportunista impulsado sobre todo por el caso del desahucio de Maricarmen y la presión social. Los partidos a la izquierda del PSOE tratan de sacar tajada electoral y aprietan en sus posiciones intervencionistas . Junts y PNV intentan marcar perfil con propuestas más moderadas que tratan de no castigar a los propietarios .
El texto pactado incialmente 1entre PSOE y Sumar combina dos bloques: estabilidad de alquileres + lucha contra el fraude, y movilización de vivienda asequible (incluida reforma de la Ley del Suelo). El problema es que necesita votos en el Congreso y las posiciones de los socios están muy alejadas.
Gobierno (PSOE) vs. Sumar
El PSOE busca un equilibrio más moderado: prórroga/congelación de alquileres, regulación de temporada y habitaciones, subida del IVA a pisos turísticos al 21 %, bonificaciones fiscales a caseros que bajen o congelen renta, y reforma de la Ley del Suelo para agilizar planeamiento y aumentar oferta. Rechaza la expropiación (la considera sin encaje constitucional).
Sumar presiona desde dentro del Ejecutivo por más intervención: prórroga automática y renovación de contratos, congelación de precios, regulación fuerte de habitaciones y temporada, prohibición de compra a fondos, y protección más dura frente a desahucios de vulnerables (sin alternativa habitacional). Tras el caso Maricarmen exigió incluso la expropiación de ese piso concreto. Considera el texto actual insuficiente.
Diferencias entre los aliados parlamentarios
Se dividen en dos bloques claros:
Bloque de izquierdas (Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu)
Priorizan proteger al inquilino que ya tiene piso y frenar la especulación a base de acabar con la oferta2:
- Prórroga/congelación y renovación automática de contratos.
- Regulación estricta de alquileres de temporada y por habitaciones.
- Medidas antidesahucios fuertes (prohibir lanzamientos de vulnerables sin alternativa).
- Límites a fondos de inversión y sociedades.
- Podemos es el más duro: rechaza las bonificaciones fiscales a propietarios y pone como línea roja la reforma de la Ley del Suelo (la ve como “amnistía urbanística” que reduce controles). ERC y Bildu coinciden en lo esencial con Sumar.
Bloque nacionalista de centro-derecha (PNV y Junts)
Priorizan aumentar la oferta y dar seguridad a propietarios:
- Reforma de la Ley del Suelo para agilizar planeamientos y dar seguridad jurídica (imprescindible para el PNV).
- Incentivos fiscales a caseros.
- Regular el alquiler de temporada para evitar fraude, no tanto para controlarlo.
- PNV pide limitar la prórroga a inquilinos al corriente de pago y respetar competencias autonómicas.
- Junts cuestiona los topes de precios porque, según ellos, no generan vivienda nueva y prefiere medidas de oferta. Ha votado en contra de decretos anteriores de vivienda junto a PP y Vox.
En resumen: el PSOE intenta un texto de compromiso que combina controles (para contentar a la izquierda) con oferta y beneficios fiscales (para contentar a PNV y Junts). Sumar y el resto de la izquierda lo ven tibio; PNV y Junts lo ven demasiado intervencionista. Esa tensión es la que lleva semanas retrasando la aprobación. Hoy tendremos el desenlace
