Pedro Sánchez afronta este martes una nueva prueba política con el denominado ‘decreto Maricarmen’, que el Gobierno busca aprobar tras varios días de negociaciones con sus socios parlamentarios.
El difícil equilibrio
El Gobierno trata de cerrar un texto que concilie las demandas de Sumar y las organizaciones de inquilinos con las condiciones de Junts, cuyo apoyo será clave para su posterior convalidación en el Congreso.
La negociación incluye medidas sobre desahucios, prórrogas de alquiler, regulación de contratos e incentivos fiscales. Sin embargo, las diferencias entre los socios dificultan un acuerdo sobre el grado de intervención del Estado en el mercado de la vivienda.
Junts se distancia
Junts ha endurecido su postura y cuestiona el último borrador del Gobierno. La formación reclama que el decreto se centre en proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios de viviendas propiedad de grandes tenedores y, al mismo tiempo, garantice mayor seguridad jurídica a los pequeños propietarios.
El partido de Carles Puigdemont considera que el Ejecutivo ha incorporado al texto demandas de la izquierda que desvirtúan el acuerdo inicial y rechaza que se modifique ampliamente la legislación de vivienda mediante un decreto, en lugar de hacerlo a través de la tramitación parlamentaria ordinaria.
Sumar presiona
En el otro lado de la negociación, Sumar reclama un decreto más ambicioso, con prórrogas de los contratos de alquiler, mayor protección frente a los desahucios y nuevas medidas para regular los alquileres por habitaciones.
La formación de Yolanda Díaz pide reforzar la estabilidad de los contratos y presiona al PSOE para que el caso de Maricarmen impulse nuevas medidas de protección para las personas vulnerables.
El caso Maricarmen
La negociación del decreto tiene su origen en el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba décadas viviendo en un piso de renta antigua en Madrid. Su caso provocó una fuerte reacción social y política y se convirtió en un símbolo de las reivindicaciones sobre vivienda.
Las protestas y la acampada en la Puerta del Sol han aumentado la presión sobre el Gobierno, con demandas para frenar los desahucios y contener el precio de los alquileres, mientras Moncloa trata de cerrar un acuerdo con sus socios parlamentarios.
Podemos no cede
La negociación se complica por la posición de Podemos, que reclama medidas más contundentes contra los desahucios sin alternativa habitacional, límites a los alquileres y actuaciones sobre las viviendas de grandes fondos.
La formación de Ione Belarra critica que el PSOE haya priorizado el diálogo con Junts y cuestiona el contenido del borrador. Su apoyo no está garantizado, lo que añade incertidumbre a la convalidación del decreto en el Congreso.
Sánchez pide apoyo
Ante la falta de apoyos suficientes, Sánchez ha pedido a las fuerzas políticas un último esfuerzo para sacar adelante el decreto y ha apelado a la «responsabilidad» para alcanzar un acuerdo.
Sin embargo, las diferencias entre los socios dificultan una mayoría en torno a un texto que trata de conciliar demandas muy distintas sobre la política de vivienda.
La clave está en el Congreso
La aprobación del decreto en el Consejo de Ministros no garantiza su continuidad, ya que deberá ser convalidado posteriormente por el Congreso. Junts, Podemos y el resto de socios parlamentarios serán determinantes para reunir los votos necesarios.
El Gobierno afronta así una doble negociación: cerrar el texto y lograr después una mayoría suficiente para aprobarlo. Mientras Junts cuestiona el borrador y Sumar exige mayor protección para los inquilinos, el futuro del denominado ‘decreto Maricarmen’ queda pendiente de las negociaciones de última hora.
