La decadencia europea en general y la española en particular tiene causas múltiples y seguramente sería simplista reducirla a una sola. Pero hay un problema que probablemente actúa como foco irradiador de muchos otros: la creciente incapacidad de nuestras democracias para desarrollar políticas cuyos resultados sólo puedan apreciarse a medio y largo plazo.
El mecanismo es bastante sencillo. Las decisiones estructurales suelen exigir sacrificios presentes a cambio de beneficios futuros. Sin embargo, el gobernante sabe que los costes los pagará hoy y que los resultados quizá lleguen cuando él ya no esté en el poder. El incentivo político es, por tanto, aplazar las reformas difíciles, administrar el presente y concentrar los recursos en aquellas medidas susceptibles de producir un rendimiento electoral inmediato.
Es el viejo drama de la democracia cuando faltan políticos con altura de miras; cuando faltan estadistas capaces de anteponer los intereses generales y permanentes del país a los intereses coyunturales del partido que gobierna.
España ofrece numerosos ejemplos. Quizá uno de los más evidentes sea la vivienda. Durante décadas hemos sido incapaces de desarrollar una política estable que garantizara una oferta suficiente de vivienda, especialmente en las zonas de mayor presión demográfica y económica. Hemos alternado regulaciones, incentivos, restricciones, anuncios y medidas de emergencia, pero sin una estrategia mantenida durante veinte o treinta años. Y lo mismo podría decirse de otros déficits estructurales: productividad, educación, natalidad, infraestructuras, energía, administración pública o adaptación tecnológica.
Esta incapacidad ayuda a comprender —que no necesariamente a compartir— el atractivo que para algunos ejercen modelos como el chino. Un régimen autoritario puede fijarse objetivos a veinte años, movilizar enormes recursos y ejecutarlos sin someter cada decisión al calendario electoral. Evidentemente, el precio es enorme: ausencia de pluralismo político, limitación de libertades y falta de los mecanismos de control propios de una democracia. Pero sería un error negarse a reconocer que esa capacidad de planificación constituye una ventaja operativa en determinadas políticas de largo plazo.
El verdadero problema es que la alternativa que se vislumbra en Europa no parece ser una democracia renovada frente a un autoritarismo dinámico. El riesgo es mucho más mediocre: una degradación progresiva de la propia democracia.
Porque resulta difícil hablar de regeneración democrática sin preguntarse primero de qué se nutren nuestros partidos y cómo funcionan internamente. Organizaciones cada vez más profesionalizadas, cerradas y jerarquizadas, en las que la supervivencia política depende frecuentemente de la proximidad a las estructuras de poder interno. Paradójicamente, organizaciones llamadas a sostener la democracia funcionan muchas veces mediante mecanismos de disciplina y control que dejan poco espacio a personalidades verdaderamente independientes.
Y así llegamos al problema del liderazgo.
Con todas sus enormes diferencias ideológicas, sus aciertos, errores y controversias, la Transición produjo figuras políticas de una dimensión que hoy cuesta encontrar: Adolfo Suárez, Felipe González, Jordi Pujol, Manuel Fraga o Santiago Carrillo. No se trata de idealizarlos ni de convertir aquella época en una edad de oro que nunca existió. Se trata simplemente de constatar que eran dirigentes con personalidad política propia, capacidad de decisión y, en muchos casos, una visión que trascendía la gestión cotidiana de sus respectivas organizaciones.
La pregunta incómoda es si los partidos actuales serían capaces de producir liderazgos semejantes o si, por el contrario, sus propios mecanismos de selección tenderían a expulsarlos antes de que llegaran a la cúspide.
Nada de esto constituye una llamada a soluciones de fuerza. Un golpe de Estado, una suspensión de la democracia o cualquier aventura autoritaria probablemente empeoraría aquello que pretende solucionar. La historia ofrece suficientes razones para desconfiar de quienes prometen resolver mediante la concentración del poder los defectos de la libertad.
El problema es precisamente ése: no parece existir una alternativa satisfactoria fuera de la democracia y, al mismo tiempo, cada vez resulta más difícil imaginar cómo regenerarla desde unas estructuras políticas que parecen tener pocos incentivos para regenerarse a sí mismas.
No es una reivindicación del autoritarismo.
Es, sencillamente, una expresión de desesperanza.
