Llevo más de cincuenta años trabajando en el sector del pescado. Sé lo que significa levantar la persiana, asumir riesgos, pagar nóminas y afrontar gastos sin tener garantizados los ingresos. Por eso me indigna ver cómo se utilizan las dificultades de las familias para fabricar propaganda y eludir responsabilidades políticas.
Un país necesita empresas que funcionen, trabajadores que puedan prosperar y gobernantes que respondan de sus decisiones. Cuando el poder pretende encabezar la protesta por los problemas que tiene la obligación de resolver, exigir explicaciones se convierte en una necesidad democrática.
La convocatoria de huelga general del 11 de noviembre ha dejado al descubierto una contradicción difícil de justificar. Vivienda asequible, mejores salarios y medidas contra el encarecimiento de la vida son reivindicaciones legítimas. Precisamente por eso, merecen algo más que consignas y maniobras para dirigir el descontento hacia el adversario político.
María Jesús Montero afirmó que esta huelga se convocaba contra la oposición. Félix Bolaños hizo suyas aquellas palabras. La escena resume una forma de entender el poder: ocupar el Gobierno y pretender que las cuentas las rindan los demás.
Gobiernan ellos, pero la culpa siempre debe buscarse enfrente.
La oposición debe responder de sus votos, por supuesto. Pero el Gobierno debe responder de sus resultados. Rechazar un decreto puede ser criticable; utilizar ese rechazo para descargar sobre la oposición toda la responsabilidad por problemas que se arrastran desde hace años es una coartada.
Gobernar exige negociar, construir mayorías y aprobar medidas eficaces. Si faltan apoyos, corresponde al Ejecutivo explicar por qué no ha sabido conseguirlos. La aritmética parlamentaria forma parte del trabajo de un Gobierno. Convertir cada derrota en una acusación moral contra los demás revela una preocupante incapacidad para asumir los límites y las obligaciones del propio cargo.
Después de tantos años de responsabilidades de gobierno, la pregunta es inevitable: ¿dónde están los resultados? ¿Qué ha mejorado para quien busca un alquiler, para quien mantiene un pequeño negocio o para quien comprueba que su sueldo alcanza cada vez para menos?
Eso se responde con hechos. Una pancarta no sirve como balance de gestión.
CCOO y UGT sostuvieron que la convocatoria interpelaba a todas las administraciones y a la patronal. Esa explicación debe recogerse. Pero también deben entender que su independencia se demuestra cuando exigen responsabilidades al poder, especialmente cuando ese poder intenta apropiarse de una movilización social.
Si el Gobierno presenta una huelga como una protesta contra la oposición, los sindicatos deberían ser los primeros en desautorizar esa interpretación. Con claridad y sin cálculos partidistas. Dejar que prospere deteriora su credibilidad y alimenta una sospecha que deberían tomarse muy en serio: que la contundencia de sus reivindicaciones depende del color político de quien gobierna.
Los trabajadores merecen organizaciones que defiendan sus intereses con el mismo criterio en cualquier circunstancia. La proximidad política nunca puede convertirse en indulgencia ante una mala gestión.
También convendría escuchar a los autónomos y a las pequeñas empresas. En Roses y en el Empordà sabemos bien de qué hablamos. Detrás de una pescadería, un restaurante, un taller o una barca de pesca hay personas que arriesgan sus ahorros, trabajan muchas horas y sostienen empleos.
Hablar de «los empresarios» como si todos fueran grandes multinacionales permite fabricar un enemigo cómodo, pero demuestra un profundo desconocimiento de la economía cotidiana. El pequeño empresario también paga la vivienda, soporta el aumento de los costes y llega a final de mes haciendo cuentas. A menudo, comprometiendo su patrimonio para que las nóminas puedan pagarse.
Mejorar los salarios es necesario. Hacerlo de manera duradera exige actividad, inversión, productividad y empresas capaces de crecer. La prosperidad requiere condiciones para producir, contratar y competir. Castigar sistemáticamente a quien emprende acaba estrechando las oportunidades de quien busca trabajo.
Con la vivienda ocurre algo parecido. Hay que ampliar la oferta, agilizar los trámites, impulsar vivienda asequible y ofrecer seguridad jurídica. Los jóvenes necesitan poder emanciparse. Las familias necesitan encontrar un hogar que puedan pagar. Cada año perdido entre anuncios y enfrentamientos políticos tiene consecuencias reales sobre sus vidas.
Respeto a quien decide hacer huelga y a quien decide trabajar. Lo que cuestiono es la utilización del malestar ciudadano como escudo del Gobierno. Resulta inaceptable que quienes disponen de los instrumentos del poder pretendan presentarse como espectadores indignados de su propia gestión.
Si las políticas han funcionado, que expliquen sus resultados. Si han fracasado, que rectifiquen. Y si no han sido capaces de aprobarlas, que asuman su responsabilidad y negocien mejor.
La democracia exige fiscalizar al Gobierno. Un Ejecutivo que pretende convertir a la oposición en destinataria principal de una protesta social está intentando invertir esa obligación: que el poder acuse y que los demás rindan cuentas.
Quien ocupa el Gobierno debe asumir el desgaste de gobernar. El sueldo, el despacho y la responsabilidad vienen juntos.
Las dificultades de las familias continúan cuando termina una movilización. También las de quienes vuelven a levantar la persiana al día siguiente. A todos ellos se les deben respuestas, resultados y respeto.
Gobernar es hacerse cargo. Y quien necesita señalar permanentemente a la oposición para explicar su balance debería empezar por revisar su gestión.
