Es posible que, a estas alturas, los dirigentes socialistas se estén preguntando si fue una buena idea alentar una huelga que, lejos de convertirse en una demostración de fuerza popular, amenaza con dejar una imagen de desorden, enfrentamiento y agotamiento político.
Porque una cosa es el ruido de la protesta y otra muy distinta su respaldo social. Y confundir ambas magnitudes puede conducir a errores de cálculo importantes.
La huelga ha tenido una notable visibilidad en determinados puntos de Madrid y Barcelona, y en menor medida del País Vasco, Aragón o Galicia. Pero esa presencia en las calles no debe confundirse con una paralización generalizada de la actividad económica. Los cortes de tráfico, la actuación de piquetes y las incidencias en grandes empresas o infraestructuras pueden multiplicar los efectos de una movilización sin que ello implique necesariamente una participación masiva de trabajadores.
El consumo de electricidad, uno de los indicadores indirectos que permiten aproximarse al impacto de una huelga sobre la actividad, tampoco parece apuntar, según los datos que se están manejando, a una paralización de gran magnitud. Si se confirma que la reducción respecto a una jornada comparable ha sido muy inferior al de otras huelgas generales, la distancia entre la imagen proyectada por los convocantes y la incidencia económica real resultará difícil de disimular.
Y aquí aparece la primera paradoja política: una huelga puede perjudicar a muchos más ciudadanos de los que consigue movilizar.
Quien no puede llegar a su trabajo, quien pierde una cita médica, quien ve interrumpida su actividad comercial o quien debe soportar durante horas los efectos de un corte de tráfico no necesariamente comparte las reivindicaciones de quienes lo provocan. Incluso puede estar de acuerdo con el diagnóstico del problema y, sin embargo, rechazar los métodos utilizados.
Si a ello se añaden incidentes y episodios de violencia al término de algunas manifestaciones, el resultado puede ser exactamente el contrario del perseguido: en lugar de sumar adhesiones, acumular agravios.
El riesgo de movilizar al adversario
Los socialistas parecen confiar en que la protesta social, especialmente cuando se articula alrededor de problemas reales como el acceso a la vivienda, contribuirá a movilizar a su electorado y a reforzar el discurso de la izquierda frente a la derecha.
Pero esa estrategia encierra un riesgo evidente. No todos los ciudadanos interpretan las protestas del mismo modo. Y quienes sufren sus consecuencias pueden acabar identificando al Gobierno no con la solución de sus problemas, sino con la permisividad ante quienes alteran su vida cotidiana.
La imagen que se proyecta es, además, particularmente delicada para un Ejecutivo que acumula años de gestión. Cuando un Gobierno alienta la protesta contra problemas que no ha conseguido resolver, corre el riesgo de que la protesta termine volviéndose contra él.
Lo que se presenta como una demostración de vitalidad social puede interpretarse también como un síntoma de final de etapa: un poder político incapaz de ofrecer soluciones eficaces y cada vez más tentado de sustituir los resultados por la agitación.
La vivienda: un problema real, una estrategia equivocada
La elección de la vivienda como bandera de confrontación política merece un análisis particular.
Nadie puede negar la gravedad del problema. El precio del alquiler en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades ha alcanzado niveles que dificultan enormemente la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda digna. Y el problema no se limita al alquiler: los precios de compra también han alejado la propiedad de amplias capas de la población.
Pero reconocer la existencia de un problema no obliga a aceptar cualquier diagnóstico ni cualquier solución.
España sigue siendo un país mayoritariamente de propietarios. Aproximadamente tres de cada cuatro hogares viven en una vivienda de su propiedad. Convertir a los propietarios en adversarios políticos de los inquilinos supone, por tanto, plantear una confrontación artificial dentro de una sociedad en la que millones de familias han destinado buena parte de sus ahorros a adquirir una vivienda.
Además, propietarios e inquilinos no constituyen dos bloques sociales homogéneos y enfrentados. Hay pequeños propietarios que complementan sus ingresos con un alquiler, familias que arriendan temporalmente su vivienda y jóvenes que hoy alquilan, pero aspiran a comprar mañana.
El verdadero problema es que la oferta de vivienda, especialmente en las zonas de mayor demanda, no ha crecido al ritmo del incremento de la población a causa de la inmigración , no sólo de la irregular, sino también de nómadas digitales, jubilados europeos u oligarcas rusas.
Durante años se ha construido insuficientemente, se ha desarrollado muy poca vivienda pública y asequible y se han acumulado obstáculos urbanísticos, administrativos y regulatorios que dificultan aumentar el parque residencial.
A ello se suma una política gubernamental que, al concentrarse en limitar precios y reforzar las restricciones sobre los arrendadores, ha desincentivado la incorporación de viviendas al mercado del alquiler convencional. Los controles pueden beneficiar a determinados inquilinos que ya disponen de contrato, pero no crean por sí mismos nuevas viviendas y dificultan el acceso de quienes buscan una.
No se trata de negar la necesidad de proteger a los arrendatarios vulnerables ni de impedir abusos. Se trata de comprender que la protección social exige instrumentos eficaces, empezando por una oferta suficiente de vivienda asequible, y no una confrontación permanente entre quienes tienen una vivienda y quienes necesitan acceder a ella.
El agotamiento de la política de confrontación
La cuestión de fondo es si el PSOE ha calculado correctamente el efecto político de aparecer como impulsor de la huelga.
Puede que una parte de su electorado más ideologizado celebre las protestas y los mensajes contra los propietarios. Pero hay otros sectores, incluidos votantes socialistas, que contemplan con creciente preocupación el deterioro de la convivencia, las dificultades económicas y la incapacidad de las administraciones para resolver problemas cotidianos.
Y existe una diferencia decisiva entre una protesta que expresa un malestar ampliamente compartido y otra que termina siendo recordada principalmente por los trastornos que ocasiona.
Porque las elecciones no las deciden únicamente los ciudadanos que salen a manifestarse. También las deciden quienes permanecen en sus puestos de trabajo, quienes intentan abrir sus negocios, quienes necesitan desplazarse y quienes, aun compartiendo la preocupación por la vivienda, rechazan que se utilice como instrumento de enfrentamiento social.
Quizá los socialistas pretendían movilizar a sus votantes. Pero deberían considerar la posibilidad de haber movilizado, sobre todo, a sus adversarios.
Y ese sería un error especialmente grave para un Gobierno cuya imagen empieza a parecerse menos a la de quien dirige los acontecimientos que a la de quien ha perdido el control sobre ellos.
