El presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha dado un ultimátum a la Generalitat de Cataluña para que ponga fin a la acampada instalada desde hace más de un mes en la plaza Catalunya. El dirigente popular ha remitido un burofax a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en el que exige el desalojo en un plazo de 48 horas y advierte de que acudirá a los tribunales si la Administración autonómica no actúa.
El requerimiento, presentado formalmente el jueves 12 de noviembre, reclama que se adopten las medidas legales necesarias para acabar con la ocupación y restablecer la libre circulación, la accesibilidad y el uso habitual de una de las plazas más transitadas de Barcelona.
«Es absolutamente inadmisible que uno de los espacios más emblemáticos de Barcelona lleve más de un mes ocupado por tiendas de campaña y estructuras improvisadas mientras el alcalde Jaume Collboni y el presidente Salvador Illa son incapaces de garantizar el cumplimiento de la ley», ha denunciado Sirera.
Amenaza con un recurso por inactividad administrativa
El burofax constituye el paso previo a la presentación de acciones legales contra la Generalitat. En concreto, el PP se reserva la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo por inactividad de la Administración, al amparo del artículo 29 de la Ley 29/1998, así como de solicitar medidas cautelares si concurren los requisitos legales.
«La paciencia de los barceloneses tiene un límite. Hemos denunciado reiteradamente esta situación y hemos exigido soluciones. Ahora damos un paso más. Si la Generalitat no actúa, acudiremos a los tribunales», ha advertido el dirigente popular.
Sirera también ha acusado a Collboni e Illa de permitir que la plaza Catalunya se convierta en un espacio donde las leyes y las ordenanzas municipales dejan de aplicarse.
En su escrito a la consellera Parlon, el presidente del PP municipal invoca el artículo 19 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libre circulación, y sostiene que las tiendas de campaña y las estructuras instaladas en la plaza dificultan el tránsito de peatones y limitan el uso normal del espacio público.
Asimismo, cita el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, que contempla la suspensión o disolución de concentraciones cuando concurran determinadas circunstancias previstas legalmente, entre ellas alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.
Denuncia consumo de drogas, fogones y conductas incívicas
El PP asegura que durante las últimas semanas se han producido numerosos incumplimientos de las ordenanzas municipales en la plaza Catalunya. Entre ellos, la instalación de tiendas de campaña sin autorización, el consumo de alcohol y drogas, la utilización de fogones y la realización de necesidades fisiológicas en la vía pública.
Sirera considera que estas situaciones perjudican a los vecinos, comerciantes y restauradores de la zona, además de afectar a la convivencia y al uso de un espacio público situado en pleno centro de Barcelona.
«No puede ser que a los comerciantes, restauradores y vecinos de Barcelona se les exija cumplir escrupulosamente las normas mientras se tolera que otros ocupen durante semanas una de las principales plazas de la ciudad. Las normas deben ser iguales para todos y las administraciones tienen la obligación de hacerlas cumplir», ha afirmado.
El dirigente popular exige a la consellera de Interior una respuesta expresa, motivada y urgente al requerimiento y advierte de que su formación estudiará todas las vías legales disponibles si persiste lo que considera una situación de pasividad administrativa.
