Tras el paréntesis mortal del accidente ferroviario en Urda, con 69 fallecidos y decenas de heridos de diversa gravedad que se han ido recuperando en los hospitales de Castila La Mancha y Madrid, comenzó la campaña electoral y reapareció sobre las tarimas de los mítines del PSOE ese ser híbrido ensamblado con retazos del Trump bailaor y del Maduro corruptor de camiseta y chándal. A los bobos e ingenuos que se prestan a enfundarse las patéticas camisetas rojas y mover con él sus esqueletos en este siniestro velatorio, Sánchez les promete hacer, todo lo que no ha hecho siendo presidente durante ocho años y medio. Todo vale para ocultar bajo el escenario las víctimas de los accidentes de Adamuz y Urda y los cadáveres de algunos de sus más estrechos colaboradores políticos cuya ineptitud y rapacidad está en la raíz de esos accidentes.
Duros de mollera
A algunos españoles parece costarles entender que se pueden rechazar las políticas de un gran farsante como Trump y condenar las políticas criminales de Netanyahu, considerarse socialdemócrata y defender la igualdad de oportunidades, y estar al mismo tiempo radicalmente en contra de las políticas de Sánchez al que, como argumentaba en mi artículo de hace dos
semanas, no se le puede considerar “ni estadista, ni progresista, ni demócrata”. Sánchez representa justamente todo lo contrario: el prototipo de político oportunista, carente de principios y escrúpulos, un demagogo y astuto embaucador inasequible al desaliento, y el centro donde confluyen todas las tramas de corrupción que han aflorado desde que llegó a la secretaría
general del PSOE en 2017 y a la presidencia del gobierno de España el 1 de junio de 2018, merced a un audaz golpe de mano, y donde ha logrado mantenerse gracias a sus indecentes pactos con un prófugo de la justicia que lo ha descrito esta misma semana como un personaje amoral y cínico de ambición ilimitada.
Su campaña electoral en 2026 se sostiene sobre un principio que corroe la base misma de nuestro sistema constitucional y electoral: si pese a haberles engañado tantas veces y estando, como estoy, acorralado por las investigaciones de los fiscales anticorrupción y los tribunales de justicia, varios millones de bobos e ingenuos están dispuestos a bailar a mí son, sin reprocharme ni pedirme cuentas, ¿por qué no van a tragarse el anzuelo una vez más? A todos los que acuden a sus mítines, asienten con la cabeza aprobando las necedades, medias verdades y groserías que escuchan y hasta se afanan por darle un beso o hacerse un selfi con él, nada o poco parece importarles la corrupción que ha llevado a la cárcel a Ábalos (2017-2021) y Cerdán (2021-2025), sus dos secretarios de organización, las alianzas ignominiosas y la amnistía concedida a los golpistas de Junts y ERC y el aún más repugnante entendimiento en el Congreso y Navarra con los acosadores de EH Bildu, herederos y guardianes de los crímenes abyectos de los encapuchados de ETA. Una sentencia más podría darle la puntilla, así que elecciones y a bailar con los muertos aún calientes bajo la tarima.
¿Qué sociedad queremos?
Tampoco parecen importarles a los seguidores de Sánchez el reciente proceso de regularización masiva de inmigrantes que entraron de forma irregular en nuestro país y lleva camino de saldarse otorgando la residencia a centenares de miles de personas cada una de las cuales podrá recibir prestaciones y servicios públicos como uno más de los residentes legales. Un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fechado el 2 de julio de 2026, cuantificaba en 1.178.184 las solicitudes de regularización extraordinaria presentadas hasta el 30 de junio y confirmaba que 609.737 expedientes se habían ya tramitado y 11.000 se habían resuelto favorablemente. El informe aporta otro dato igualmente relevante: a fecha 30 de junio
“se registran 159.097 afiliados a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización”, lo que implica que casi 150.000 personas habían sido dadas de alta en la Seguridad Social antes de resolverse favorablemente su expediente y tenían por tanto los mismos derechos que cualquier otro cotizante a recibir servicios y prestaciones.
Incluso si se concede que la mayoría de los estados de la UE, incluido España, requieren mano de obra poco cualificada para realizar tareas que la población nacional rechaza desempeñar, aunque una fracción significativa esté desempleada, resulta inaceptable abrir unilateralmente un proceso de regularización extraordinaria de tanta trascendencia con un Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros el 14 de abril que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE el 15 de abril, falto de las garantías jurídicas exigibles en un Estado de derecho. Aceptar solicitudes de regularización sin contrastar debidamente los antecedentes penales de los solicitantes en los países de origen y aceptar certificados de vulnerabilidad expedidos a demanda por “ONG’s, fundaciones y asociaciones inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, sin que ningún organismo oficial compruebe la exactitud de los datos aportados, da una idea de la frivolidad de los responsables gubernamentales que, como ha ocurrido también con el proceso de nacionalización de nietos, han visto en la regularización una oportunidad para ampliar su base electoral.
No es únicamente a los ‘fachas’ a quienes les preocupa la política migratoria del gobierno de Sánchez. La regularización exprés de inmigrantes promovida por la ministra Saiz ha levantado críticas en las instituciones de la Unión Europea. Un informe del Parlamento Europeo advertía que “la regularización masiva de migrantes en situación irregular puede generar un «efecto
llamada», aumentar la presión migratoria y poner en riesgo la seguridad, la cohesión social y el correcto funcionamiento del espacio Schengen”. En particular, vinculaba la regularización exprés de Sánchez con “un agravamiento de la presión sobre rutas ya tensionadas, como la atlántica hacia Canarias”. La invasión de Ceuta por más de 100.000 ‘inmigrantes’ el pasado 30
de julio y la llegada imparable de cayucos a Canarias en las últimas semanas ha venido a dar la razón a quienes advertían desde la UE que la regularización de Sánchez podía ser una auténtica bomba de relojería.
No cabe duda de que las mafias en los países emisores pueden ahora asegurar a sus clientes que si llegan a España, saltándose las barreras en la fronteras o a nado, como ocurrió en Ceuta, o en cayuco, como ocurre en Canarias y otras costas españolas, los inmigrantes serán bien acogidos y terminarán siendo regularizados antes o después. De momento, los miles de inmigrantes que están llegando en pateras a Canarias estas últimas semanas son escoltados hasta el puerto por patrullas de salvamento marítimo, son desembarcados y atendidos tras su desembarco, son trasladados a Centros de Atención Temporal de Extranjeros en Tenerife en Gran Canaria y Fuerteventura, hasta que finalmente son transportados a Madrid en aviones fletados por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde allí, son trasladados a centros de acogida gestionados por ONGs como Cruz Roja, CEAR y Accem. Un final posible de la epopeya para los inmigrantes adultos sin opciones de obtener una autorización de residencia o trabajo es que se esfumen y acaben residiendo y trabajando irregularmente en algún lugar de
España o de la UE.
La UE ha devenido en una especie de cascarón burocrático sin demasiada savia, capaz de montar infinidad de reuniones al máximo nivel sin alcanzar resultados prácticos tangibles y encargar a expertos elaborar estudios para analizar los problemas (demográficos, fiscales y económicos) más apremiantes de la Unión para que sus recomendaciones acaben casi siempre
en el cajón de algún despacho en Bruselas. En concreto, la UE carece de una política migratoria clara y eficaz y cada país miembro se lo come y se lo guisa por su cuenta. El acuerdo alcanzado por el Consejo el 1 de octubre de 2026 “dio finalmente luz verde a una normativa nueva que posibilita más devoluciones efectivas de aquellos sin derecho a permanecer en la UE” y pondrá más instrumentos al alcance de los Estados, si bien matiza que “todas las medidas relacionadas con las devoluciones deben ejecutarse con pleno respeto a los derechos fundamentales”. Claro que la noticia de que cinco países de la UE van a deportar 100 migrantes irregulares a Ruanda resulta francamente chusca. ¡Seguro que así se respetan los derechos fundamentales y se frena la llegada de inmigrantes irregulares a la UE!
No parece muy probable que el nuevo marco regulatorio vaya a cambiar una situación viciada que O’Callaghan, ministro de Justicia, Interior y Migraciones de Irlanda, resumía así: “alrededor de dos de cada tres inmigrantes irregulares expulsados de la UE no la abandona”. Pues estamos listos. Desde luego, la UE nada ha hecho para resolver la invasión de Ceuta, supervisada si no organizada por las autoridades del Reino de Marruecos, ni para detener la llegada de cayucos a Canarias desde Gambia, Mauritania y Senegal. No hemos visto a la Comisión, al Alto Representante y al Parlamento de la UE llamar a capitulo al embajador de Marruecos ni viajar a los países emisores de migrantes subsaharianos para exigir a los gobiernos que controlen las mafias organizadas de trata de inmigrantes. Cuando las instituciones no dan respuestas efectivas a los grandes problemas, la desconfianza y el descontento crecen y los ciudadanos llegan a la conclusión de que la burocracia de Bruselas, en lugar de resolver los problemas, los agrava.
A bailar, a bailar
Me pregunto si a los militantes del PSOE que bailan al son de Pedro en los mítines de esta esperpéntica campaña del PSOE -echo de menos, por cierto, la presencia del faro luminoso de Zapatero, muy ocupado estos días valorando su joyero- y a los ciudadanos que piensan votarle el 29-N les duelen la muerte de los 115 pasajeros que perdieron la vida en los accidentes
ferroviarios de Adamuz y Urda y el sufrimiento de centenares de supervivientes cuyas cicatrices físicas y psicológicas arrastrarán de por vida. Me pregunto si celebran también las tramas de corrupción, protagonizadas por Ábalos y Cerdán y encubiertas por Puente, todos ellos estrechos colaboradores del presidente, si dan por buena la amnistía concedida a los golpistas de Junts y
ERC, si respaldan la regularización masiva de inmigrantes promovida por la ministra Saiz, y si les parece aceptable la imprevisión e inoperancia de los ministros Albares, García, Marlaska, y Torres en la gestión de la invasión de Ceuta y la llegada de decenas de cayucos con miles de inmigrantes a bordo a las Islas Canarias en las últimas semanas.
No alcanzo a comprender cómo pueden ustedes celebrar con tanta alegría los bailecitos de un psicópata sobre los cuerpos de las víctimas de las tragedias de Adamuz y Urda, escondidos a toda prisa bajo la tarima del escenario, y aplaudir a quien excusó su presencia en los funerales de Estado por las víctimas por tratarse de una ceremonia religiosa, cuando todos los españoles
vimos al ‘zurdo’ perder el culo para estar al lado de León XIV durante la visita del Pontífice el pasado junio. Igualmente incomprensible me resulta que aplaudan la gestión mafiosa de los secretarios de organización del PSOE entre 2018 y 2025 y de los ministros de Transportes de los gobiernos de Sánchez y no cuestionen una política migratoria que ha convertido España en un polo de atracción para todos los pobres del mundo que entran sin control por tierra, mar y aire. Seguro que ni Saiz ni Sánchez, tan progresistas ellos, van a pisar los barrios donde malviven ni van a cruzarse con ellos en los pasillos del metro.
A votar, a votar
Las encuestas indican que a pesar de la corrupción al más alto nivel y la ineptitud de los gobiernos de Sánchez, PSOE y PSC cuentan con un suelo firme de votantes. Sánchez no se arredra y mientras baila sobre los muertos y cadáveres políticos pide a los suyos ir a votar para contar con 176 diputados y seguir impulsando su programa de ‘progreso’, aunque los españoles
seamos hoy casi tan pobres como en 2018. La estigmatización y el desprecio a los adversarios políticos, sólo por el hecho de serlo, es quizá el veneno más pernicioso que este hibrido de Trump y Maduro ha instilado en la sociedad española y ni a él ni a sus seguidores les remueve la conciencia -¿qué es eso?, se preguntan- gobernar al margen del Congreso y utilizar el BOE, la
Diputación General y los Ministerios con fines abiertamente electoralistas aprobando una riada de decretos en plena campaña electoral.
Los españoles necesitamos un cambio de rumbo para recuperar el espíritu de conciliación que hizo posible la Transición de la dictadura a la democracia constitucional y abordar un plan de reconstrucción nacional que debería incluir, en el ámbito estrictamente político, el fortalecimiento de la independencia del poder judicial, atacada abiertamente por los gobiernos
de Sánchez desde 2023, la defensa de la integridad territorial y el despliegue de una política de inmigración efectiva para atajar la inmigración irregular, y, en fin, el esclarecimiento de las tramas de corrupción urdidas por los gobiernos de Sánchez para fortalecer los sistemas de licitación y adjudicación de obra pública. En su último artículo, manifestaba Cebrián, director tantos años de El País cuando era un diario progresista e independiente, su deseo de que “ojalá el «todos a una» sin otras armas que las urnas y la voluntad popular permita poner fin al peor periodo de la política española desde el fin de la dictadura”.
Todos a una no va a poder ser, pero al menos quienes apostamos por seguir caminando por la senda de la reconciliación entre españoles consagrada en la Constitución de 1978, tanto si somos progresistas como conservadores, podemos el 29-N votar para poner fin a la pesadilla ‘frankestiniana’ vivida desde el 1 de junio de 2018. En nuestras manos está parar los pies y las
manos a quien manifestó en el comité ejecutivo federal del PSOE en septiembre de 2024 su voluntad de gobernar “con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo” . Y a fe que ha cumplido su palabra en esta ocasión: no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado
en toda la Legislatura y sigue aprobando Reales Decretos al por mayor hasta el último suspiro de la Legislatura con las cámaras ya disueltas.


