La indulgencia de Bélgica con los políticos separatistas catalanes fugados a su país —se negó a extraditarlos a España cuando nuestro país se lo solicitó— podría ocasionarles problemas con la Justicia europea. El motivo es que la Abogacía del Estado se ha mostrado partidaria de llevar a la Unión Europea la impunidad generada por Bélgica con los líderes del procés que se levantaron contra la democracia española.
Tal y como cuenta El Mundo, este órgano de la Administración General del Estado integrado en el Ministerio e Justicia ha enviado sus alegaciones al respecto al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En dichas alegaciones, se estima procedente el planteamiento de una cuestión prejudicial ante la Justicia Europea.
La decisión de la Abogacía se produce después de que la Justicia belga declinase definitivamente entregar a España al ex conseller de Cultura Lluís Puig, que huyó a Bélgica tras los hechos del otoño catalán y que está acusado de malversación de caudales públicos.
«Quiebra radical» de confianza
Según un informa citado por el diario de Unidad Editorial, la Abogacía tacha la actuación del tribunal de apelación belga de «quiebra radical» de los principios de confianza y reconocimiento mutuo en que se funda la Orden Europea de Detención Entrega (OEDE). Asimismo, considera las acciones del citado tribunal, al impedir la acción de la Justicia española, conllevan un «elevado riesgo de impunidad» para las personas que intentan eludir la Justicia siendo sospechosas de haber cometido delitos.
