La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado este lunes un auto en el que declara la pérdida de su competencia para continuar tramitando la causa contra Laura Borràs, actual presidenta del Parlament e investigada por un caso de presunta corrupción, al haber perdido el pasado mes de marzo su condición de miembro del Congreso de los Diputados, por lo que era aforada ante el alto tribunal.
El Supremo acordó la apertura del procedimiento a Laura Borràs el 17 de diciembre de 2019 tras estudiar la exposición razonada remitida por la juez de Instrucción número 9 de Barcelona por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que Borràs fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal designó instructor de la causa al magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) Eduardo de Porres.
Ahora, una vez acreditada la baja en la condición de diputada del Congreso y por tanto la pérdida de la condición de aforada de Laura Borràs, sin que se haya procedido a la apertura de juicio oral, la Sala explica que ha perdido la competencia para conocer de los hechos imputados tanto a la persona hasta ahora aforada, como del empresario Isaías Herrero, a quien extendió su competencia.
Todo lo actuado se remitirá ahora al TSJC conforme señala el artículo 57.2 del Estatut d’Autonomia de Catalunya.
18 contratos por valor de 259.863 euros
Según la instrucción realizada inicialmente por un juzgado de Manresa y finalmente remitida al TS, las irregularidades aparecen en 18 contratos de la Institució de les Lletres Catalanes por valor de 259.863 euros y que fueron adjudicados a un amigo personal de Borràs, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento.
La investigación apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borràs que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración «carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses» de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso.
Correos electrónicos «muy explícitos»
La prueba clave, según las pesquisas iniciales, se encontró en una cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borràs señala de «forma muy explícita» a Herrero como debía proceder. Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitó para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue a parar a una de las empresas de Herrero, que presentó un presupuesto de 100 euros menos.
También existen indicios de que Borràs y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes. Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados, al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.
