En el separatismo catalán, la desobediencia a la legalidad es valorado como un activo del que enorgullecerse. En este sentido, pocos líderes secesionistas han jugado tanto esta baza como el ex presidente de la Generalitat Quim Torra —si bien, conviene decir, sin pagar un precio tan alto como sus correligionarios nacionalistas que fueron encarcelados por el golpe constitucional de 2017. Un nuevo ejemplo de dicha actitud por parte de Torra es que ha plantado al juez en el segundo juicio que se celebra hoy en la Ciudad de la Justicia de L’Hospitalet de Llobregat por exhibir símbolos políticos en el Palau de la Generalitat durante la campaña electoral.
El expresident lo había anunciado previamente en un vídeo hecho público en las redes sociales, en que ha justificado el plante sosteniendo que no iba a legitimar una «nueva farsa». «No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales», ha asegurado, motivo por el que ha pedido amparo a los tribunales internacionales. En la grabación, Torra ha admitido que desobedeció las instrucciones de la Junta electoral que le obligan a retirar la propaganda ideológica de la sede del Gobierno regional en periodo electoral. «Era mi obligación», ha proclamado.
Esta es la segunda causa judicial que se celebra por los hechos citados. Por la primera, Torra ya fue condenado a 18 meses de inhabilitación por desobedecer las resoluciones judiciales. Ahora, la acusación popular representada por Impulso Ciudadano reclama una pena de multa de 108.000 euros y una inhabilitación especial que cubra un periodo de dos años. Por lo que respecta a la Fiscalía, solicita 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de veto para ocupar cargos públicos.
