Amplio rechazo a la propuesta de un «acuerdo de claridad» a la canadiense para celebrar referéndums rupturistas en Cataluña. La proposición defendida por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para sentar las bases para un referendo de secesión tal y como hizo el Gobierno de Canadá respecto a Quebec, ha sido interpretada como una forma de burlar el maximalismo secesionista que le exigía Junts —y que amenazaba con romper la coalición— y atar su suerte definitivamente al Gobierno de Sánchez, con el que mantiene una negociación de la que ya ha extraído compromisos como el de la llamada «desjudicialización» del «conflicto» catalán.
En cualquier caso, no ha contado con el beneplácito del principal partido de la oposición, el PSC de Salvador Illa, que ha considerado que la medida «no resuelve nada» y supone un «déjà vu». Aragonès ha afeado a Illa no sumarse a su iniciativa, recordándole que los socialistas respaldaban una «ley de claridad» a la canadiense en 2016. Por su parte, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha hecho hincapié en que el «acuerdo de Claridad se aprobó respetando la ley vigente de Canadá. President Aragonès, haga lo mismo. Proponga una reforma constitucional en el Congreso».
Unilaterales y alegales
Tras la propuesta, también han sido numerosas las voces de analistas que han cuestionado la idoneidad de una reforma semejante y remarcado su verdadero sentido. Es el caso del diplomático y columnista de El Mundo Juan Claudio de Ramón, que ha aclarado que en Cánada «no hubo ningún acuerdo». «Los referendos en Quebec», ha señalado, «fueron unilaterales y más alegales que ilegales: siempre pesó la incertidumbre de si Ottawa daría legitimidad al resultado favorable al secesionismo. Por lo que sabemos hoy, no había tal intención».
