Los periódicos y las redes nos ofrecen cada día distintas versiones de los pactos que se consideran necesarios. Se habla de la reedición de los Pactos de la Moncloa, de acuerdos de reconstrucción, de un gobierno de concentración nacional; incluso, desde el gobierno, se nos plantea «un nuevo modelo de avance de derechos y libertades y de redefinición del valor de lo colectivo». Veremos que son quimeras bizantinas, monstruos fabulosos que algo esconden y las hace imposibles.
Los Pactos de la Moncloa existen hoy, están vivos. Puede ser necesaria y conveniente su renovación, pero no en el sentido más difundido por los medios. El gran fruto de los pactos de la Moncloa ha sido nuestra actual constitución (CE). Los pactos incluyeron a un PCE, necesitado de credibilidad democrática, y a unos partidos nacionalistas que rebajaron su independentismo. En el momento actual quienes hoy ocupan su espacio, relevantes actores en la vida política, no aceptan la CE y buscan un nuevo modelo constitucional. A ninguno de ellos les gusta la primera locución de la CE: «España se constituye». Ni les gusta el sujeto ni aceptan el verbo. Por ello, para integrarnos todos en la reconstrucción nacional, el primer pacto debería ser adherirse al fruto de los Pactos de la Moncloa y aceptar la CE con lealtad. Lo que hoy por hoy es increíble que suceda.
La segunda de las propuestas, un gobierno de concentración nacional para integrar a las fuerzas políticas de distinto signo, es, en tal medida, innecesario. Nuestra realidad política está construida por un sistema de gobierno plural desde el desarrollo de las autonomías. Recordemos que el gasto público, excluidos los cuerpos y fuerzas de seguridad, corresponde en más de un 90% a las CCAA y Ayuntamientos. Para integrar a todos los actores políticos no hace falta ninguna concentración adicional, basta lealtad institucional y actuar sin tener en cuenta el color político de los sujetos. Así, sería suficiente poner en valor la coordinación, solidaridad y autonomía presentes en la CE para tener en la práctica un estado-aparato de concentración de todas las fuerzas políticas.
Para integrarnos todos en la reconstrucción nacional, el primer pacto debería ser adherirse al fruto de los Pactos de la Moncloa y aceptar la CE con lealtad
Por otra parte, el gobierno de concentración, desde la óptica constitucional, introduce dificultades en el modelo de la CE. Incrementa el presidencialismo, dificulta la acción de gobierno y reduce el control parlamentario. Muy distinto sería el caso de un gobierno de coalición entre los partidos centrales del sistema, que no parece ser, hoy por hoy, una alternativa viable.
La propuesta de gobierno de concentración tampoco responde a las actuales condiciones objetivas, no hay una razón común aceptada que cimente una eventual política común, como podría ser la guerra frente al enemigo exterior. Además, falta en varios actores relevantes la lealtad constitucional que anude los esfuerzos y propósitos. La demanda social de la concentración parece responder al estado de miedo que para Hobbes era la razón de ser del estado absoluto. En España, además, el gobierno de concentración nos trae vaharadas de caudillaje. Cuestión distinta es un gobierno fuerte que puede ser conveniente. Pero no es fuerte el gobierno que haya de distraerse de la acción común para contentar a los socios minoritarios.
Podemos advertir los riesgos de equivocar la fórmula de los pactos al observar la medida social más debatida para combatir los efectos de la crisis, la renta básica, que ahora se quiere vital. La renta básica tiene graves efectos perversos, clientelismo, ineficacia, marginalidad. En nuestro caso, la centralización añade deslealtad institucional. Hoy tenemos sistemas de apoyo social, municipales y autonómicos, que cubren las situaciones más graves y evitan la pobreza extrema. Se habla de destinar nuevos 5.000 millones de euros por el Estado. De ser precisos los fondos, sería más acorde a la CE -y a la coordinación de fuerzas que dice reclamarse- que fueran dotaciones finalistas a Ayuntamientos y CCAA en lugar de un nuevo capítulo de gastos del Estado. Tal y como se concibe -hasta ahora- parecería que la renta vital busca crear una masa leal de votantes.
No hay una razón común aceptada que cimente una eventual política común
El instrumento político-jurídico plausible para concentrar esfuerzos y superar la crisis, sin necesidad de renunciar a los principios y reglas constitucionales, son los presupuestos generales del Estado y la ley de medidas de acompañamiento. Estos son los instrumentos que hay que intentar pactar, sin grandilocuencias, sin distorsiones, con buena fe y espíritu constructivo. Sin ejercer las potestades de pacto con finalidades distintas, lo que sería puro dolo contractual, es decir, «actuar con maquinaciones insidiosas». Los mejores contratos son los mas sencillos, precisos y fáciles de cumplir. En línea de sencillez, unamos libertad y deber y recordemos que la aprobación de los presupuestos anuales es una obligación constitucional (Art.134).
El auge de los populismos, con la polarización que conllevan, fruto del modo de comportarse y de la simplificación de los mensajes, y el temor a los posibles «sorpassos» han enrarecido el ambiente. La estrategia del PSOE le ha permitido seguir siendo el partido hegemónico en la izquierda, y europeísta convencido; en la bancada opuesta, y también con Europa por bandera, sigue predominando el PP, al que alguno de sus partidarios acusa de cobardía, por no caer en los modos del mensaje populista.
Las bases para el entendimiento existen a pesar de la estéril polarización. Aunque el consenso se rompió abruptamente con los pactos del Tinell y con la aprobación del estatuto catalán sin la participación del PP, en lo que ahora importa, la línea de acuerdos no se ha roto. El PP apoyó en 2007 la reforma constitucional del PSOE, artículo 135 sobre endeudamiento, y las medidas económicas de recortes presupuestarios (2011). El PP consagró y mantuvo al gobierno monocolor del PSOE en el País Vasco del 2009 al 2012. PSOE y PP apoyaron juntos y con gran discreción la sucesión en la Corona (2014). El partido socialista dirigido por Javier Fernández, con la excepción de los partidarios del «no es no», hizo posible con su abstención, la investidura en minoría del presidente Rajoy (2016). Ambos partidos, incluidos los «noesnoístas», ya entonces al mando del PSOE, votaron juntos en el Senado en favor de la aplicación del artículo 155 CE (2017). El PP, en fin, está apoyando el estado de alarma y sus prórrogas (2020).
PSOE y PP apoyaron juntos y con gran discreción la sucesión en la Corona (2014)
La necesidad de los pactos presupuestarios se hace acuciante si miramos a Europa y al BCE, el garante de nuestra deuda pública. Si queremos participar en las medidas de reconstrucción europeas y recibir fondos estamos obligados, como país, a cumplir el pacto sobre los límites de deuda y la senda del déficit. Para verificar su cumplimento por la Comisión hemos de presentar unos presupuestos que cuenten con el suficiente y estable respaldo parlamentario. El Fondo de recuperación proyectado por los líderes de la UE en su reunión virtual de 23.4.20, que la Comisión ha de desarrollar, seguirá sujeto al binomio solidaridad/reciprocidad, en su mayor importe.
Démosle una oportunidad a la democracia tal como está definida en nuestra CE sin necesidad de acudir a nuevas elecciones y sin nuevos modelos. Exijamos a los políticos un esfuerzo por pactos eficientes y eficaces. La mayoría social de clase media trabajadora ve con buenos ojos que el PP ofrezca su apoyo al PSOE y también que exija condiciones para ello. La primera condición, política, podría ser el respeto a la CE, la segunda condición, económica, cumplir con las reglas europeas, de estabilidad presupuestaria y contención del déficit.
Démosle una oportunidad a la democracia tal como está definida en nuestra CE sin necesidad de acudir a nuevas elecciones
El objeto de los pactos debe ser la superación de la crisis económica. No tienen que revalidar el pasado, deben mirar desde hoy hacia el futuro. El escenario parlamentario elegido para la negociación sí respeta la CE e invita a la buena fe y a la participación comprometida de las fuerzas sociales. Los pactos podrían, o no, extenderse a la composición del gobierno que los implemente para ampliar la confianza. Ahora bien, ambas partes deben ser conscientes de que, iniciada la vía del dialogo, si no se alcanza el acuerdo la solución democrática son nuevas elecciones. Tendrán, en tal caso, que explicar muy bien las causas de la ruptura.
Los políticos tienen en su mano los elementos necesarios para alcanzar eficaces acuerdos de ahora en adelante y, quizás, para reabrir el camino hacia otros de mayor dificultad. Tras el confinamiento, al salir al sol y al pisar las calles nuevamente, veremos todo con mayor optimismo y será alegre y fluido marchar todos juntos por la senda de la constitución. Como quisieron nuestros tatarabuelos, los exaltados de 1820, y que hoy sabemos que es una senda cierta, progresista y liberadora, bien iluminada por la Razón.