La entidad ultra Plataforma per la Llengua, conocida por fomentar el acoso a trabajadores que no hablan catalán y por espiar a menores en los patios de los colegios, ha culpado este lunes al Govern del republicano Pere Aragonés de «inacción» y de haber puesto «en peligro» el controvertido modelo de inmersión lingüística. La asociación presidida por Óscar Escuder ha anunciado, además, que recurrirá el auto del TSJC de ejecución forzosa de la sentencia del mismo tribunal que obliga a que el castellano tenga una presencia de, al menos, el 25% en el sistema educativo catalán.
Según ha explicado la directora de la plataforma, Ruth Carandell, la entidad ha pedido «ser parte interesada en el proceso judicial», con el fin de poder presentar un recurso «contra la interlocutoria que reclama que se ejecute la sentencia de forma inmediata». En opinión de esta organización radical, «la interlocutoria no se ajusta a derecho«. Por ello, Carandell ha hecho un llamamiento para que otras asociaciones ultraseparatistas se unan a este frente judicial.
Modificación de la Ley de Política Lingüística
La plataforma, además, ha rechazado el acuerdo alcanzado entre ERC, PSC y En Comú-Podem para modificar la Ley de Política Lingüística blindando el catalán e incluyendo el reconocimiento del castellano como lengua vehicular. Una modificación que, según Carandell, «no está ajustada al derecho europeo porque va en contra de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias«.
