Jordi Barbeta, en elnacional.cat, afirma que Sánchez gira a la derecha y mata todas las esperanzas; en todo caso, serían las esperanzas de los que están a su izquierda.
Su diagnóstico es tremendo, por no decir tremendista:
«El Gobierno supuestamente más progresista imaginable en la España de hoy está aplicando las políticas más antisociales, autoritarias y restrictivas de Europa. ( ) La prioridad ha sido la recentralización del poder y el mantenimiento del orden público con los militares en la calle. ( ) Las políticas y los resultados del Gobierno Sánchez no aguantarían ninguna comparación con lo que han hecho gobiernos conservadores del entorno europeo. Y el drama aún no ha comenzado».
El giro a la derecha que alarma a Barbeta consiste en que Sánchez «vuelve a buscar el pacto con Ciudadanos y la no beligerancia del PP», una maniobra elemental y pragmática que no debería sorprender en un país donde se dice desde hace mucho tiempo que las elecciones se ganan en el centro.
Pero nuestro apocalíptico comentarista concluye que «si en circunstancias tan excepcionales el supuesto gobierno más progresista imaginable en la España de hoy traiciona a la gente que dice representar, se perderán esperanzas y la confianza en el sistema democrático». ¡Estamos perdidos!
También Pilar Rahola en La Vanguardia, hablando también del estado de alarma se lanza contra el presidente:
«Sánchez ha actuado como un autarca y ha usado el estado de alarma para acumular un poder desmesurado que, además, se ha mostrado más caótico que eficaz».
El que nos salvó de Rajoy y estaba destinado a resolver los grandes problemas de España, ya no tiene credibilidad por estos pagos:
«Pasar de la investidura con ERC a la prórroga con Ciudadanos dice mucho de su poca fiabilidad, pero aún más de su fragilidad».
Acoso en la intimidad de los partidos
No se está hablando mucho del caso de Alfred Bosch (ERC), forzado a dimitir hace dos meses como consejero de Exteriores por haber intentado encubrir el presunto acoso sexual cometido por su jefe de gabinete, Carles Garcías, a varias subordinadas. El pasado lunes, informaba el diario Ara que, además, ambos podrían ser expulsados del partido.
Nada hay que decir si ERC ha llegado a determinar que han cometido «de manera inequívoca y reiterada conductas que vulneran el código ético y de conducta del partido», eso es un asunto interno y se supone que cualquier militante conoce sus deberes y sus derechos. Pero sorprende con qué facilidad dos carreras políticas pueden quedar truncadas a pesar de que, como recuerda el País, «no hubo ninguna denuncia formal a las autoridades».
Muy distinto fue el caso de la que fue diputada de la CUP Mireia Boya, que dimitió del secretariado nacional porque en él habia alguien que le hizo sufrir un «episodio continuo de agresión psicológica». Hubo comunicados, declaraciones y muchas expresiones rimbombantes, pero al cabo de más de un año no se ha aclarado nada. De ser cierta la acusación de Boya al compañero X, éste sigue campando a sus anchas en tan alternativa y feminista organización política.
El acoso laboral, sexual o ambos a la vez es un asunto muy serio, pero podría suceder también que una acusación de este tipo encubriera ajustes de cuentas internos. No hay motivos para pensar que haya sido así en los casos mencionados, pero la posibilidad existe.
Lo normal: huelga general
En Vilaweb están sembrados. Gemma Pascual sabe cómo salir de la crisis que nos ha traído la pandemia: La nueva normalidad ha de empezar con una huelga general.
¿Por qué? Por nada en concreto. Por todo. Y eso a pesar de que ninguna de las últimas huelgas generales ha dado a luz un programa sensato de gobierno.
«¿Encontráis normal que el presidente del gobierno español dedique tiempo de su intervención a explicar cómo hemos de encargar una paella al bar de delante y no dedique una sola palabra a decirnos cuándo nos devolverán nuestros derechos civiles? ¿En qué fase de la desescalada nos podremos manifestar? ¿Y convocar una asamblea? ¿Es más peligroso manifestarse guardando la distancia de seguridad y con todas las precauciones que recorrer en manada los paseos marítimos?»
Los profesionales del activismo están impacientes por volver a su hábitat natural.
Sigue la campaña para hacer callar a Javier Cercas y presentarlo como un enemigo de los catalanes. Julià de Jodar lo convierte en paradigma de una intelectualidad:
«Con el pretexto de lo que sufrió el otoño de 2017, Cercas muestra la herida abierta de los intelectuales españoles, con contadas excepciones: no pueden aceptar de ninguna manera la alteridad. ( ) Llegados al límite, estos intelectuales españoles, desde posiciones pretendidamente de izquierdas, son portavoces del más crudo de los fascismos, porque niegan al otro, exhibiendo impúdicamente unos sentimientos primarios, vertidos a lo bruto, sin mediación. Creen tener razón por encima de todo y de todos, y no dudan en apoyar al poder que haga falta para imponerla».
Bajo el envenenado título ‘El virus que infecta la justicia española no tiene vacuna’, Pere Martí descubre en un recurso de la fiscalía contra la aplicación del artículo 100.2 del Código Penal a Jordi Sànchez que las penas no tienen como objetivo únicamente la rehabilitación del preso:
«Es la primera vez que la justicia española reconoce que las penas a los dirigentes independentistas deben servir para escarmentar a la sociedad catalana, para evitar que vuelva a intentar hacer un referéndum. En un estado democrático, la cárcel sirve para insertar al recluso, pero en España, en el caso de los independentistas, debe servir para hacerles cambiar de ideas y utilizarlos de escarmiento».
Por más edulcorado que sea el planteamiento de las penas en la literatura jurídica actual, a nadie le escapa que la actuación de la justicia está orientada a evitar la reincidencia, no a estimularla. Es de pura lógica que todos los poderes del Estado coincidan en no dar facilidades a Jordi Sànchez, ni a ningún otro preso independentista, para «volver a hacerlo».
