El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado por finalizada la investigación sobre la financiación ilegal del de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y propone juzgar a los exgerentes del partido Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó; al exresponsable jurídico de esta formación Francesc Xavier Sánchez Vera y otras 28 personas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado caso del 3%.
En su auto, el juez considera que que el 3% es la estructura puesta en marcha para financiar a dicho partido político «Ilegalmente y en forma encubierta» a costa de comisiones de ese porcentaje por adjudicaciones.
El magistrado que dirige el procedimiento, además de contra varios cargos políticos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, quiere que se juzgue a 16 entidades y empresas como el partido CDC, el PdeCat, las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa, entre otras, y archiva la causa para cinco personas físicas y una jurídica.
El auto, de 304 páginas, pone fin a una investigación iniciada en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y que ha concluido con esta resolución en la que el juez describe la operativa desplegada por los investigados.
Tres niveles
En el auto, el juez estructura la organización en tres niveles. En lo más alto, los exgerentes Gordó, Osácar y Viloca que «llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas» por las administraciones catalanas, todas bajo la esfera de poder de CDC. Los tres «influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal«, reza el auto.
Detrás de los exgerentes, el magistrado sitúa a las autoridades de estas Administraciones que «de acuerdo con los responsables del partido político CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron efectivamente concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las compañías de los empresarios conniventes».
Y luego, de la Mata, incluye a los empresarios que sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas al partido CDC, Catdem y Fundació Forum Barcelona.
Según el juez, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo fin: «subvertir el Estado de Derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una ‘financiación ilegal’ para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público». Y asegura que la investigación ha acreditado todos los investigados eran necesarios para cerrar el círculo de las actividad delictiva.
Adjudicaciones y donaciones
El magistrado ha identificado las empresas a las que se han adjudicado los contratos y han examinado las reuniones entre los tesoreros con los empresarios, así como las donaciones de dichas empresas a Convergencia. Y destaca la «íntima relación» entre los anuncios, las publicaciones de los concursos, las reuniones entre los actores descritos, la adjudicación del contrato de obra o servicio investigado y las consiguientes donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC.
Sin embargo, de la Mata, que «no siempre existía una exacta concatenación temporal entre los pagos y las adjudicaciones», ya que, en ocasiones, los pagos estaban dirigidos a mantener la «buena relación con el partido».
José de la Mata concluye que Gordó, Osácar y Viloca estuvieron al frente de una estructura «estable, permanente y sostenida en el tiempo», y que tenía un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por ellos, para financiar ilícitamente a CDC mediante la «venta» de influencias. El juez calcula que durante 2008 a 2012 los ingresos del partido por este método supusieron una media del 11,5% de la «financiación privada» del partido y de un 7,7% en la financiación total (pública + privada).
El PdeCat también investigado
En relación con el PdeCat, el juez considera que, al constituirse en 2016 cuando CDC cesa la actividad, existe una «aparente identidad» entre ambos. Para De la Mata fue una mera «transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido».
Por otro lado, De la Mata ha acordado en un segundo auto el pase a procedimiento abreviado de una pieza separada vinculada a Infraestructures de la Generalitat, en la que procesa a 18 personas físicas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación. En esta rama de la investigación se ha indagado sobre la adjudicación por parte de la mencionada empresa pública de determinados contratos, principalmente ingenierías, a cambio del pago de comisiones entre 2008 y 2015.
