Un juez de Barcelona investiga por malversación y homicidio imprudente la gestión de la Generalitat en las residencias de ancianos, así como la actuación de los propios geriátricos, tanto públicos como privados, durante la pandemia del coronavirus, según ha podido saber El Periódico.
Agentes de la Guardia Civil acudieron el miércoles a la Conselleria de Salut y d’Afers Socials por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona para requerir varios expedientes relacionados a la compra de material sanitario e información sobre los geriátricos que fueron intervenidos por la Generalitat durante el estado de alarma. Así como información sobre los traslados de un centro a otro, las medidas de aislamiento, el número de contagiados y fallecidos por el coronavirus en estas residencias y las PCR realizadas.
Además, en el marco de esta investigación, la Guardia Civil también ha tomado declaración como testigo a la presidenta de las patronales Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas Dependientes, María Cintia Pascual, para averiguar si adquirieron material sanitario, quiénes eran sus interlocutores en la Generalitat y si sus propuestas fueron atendidas por la administración.
El juez investiga si en la gestión de los geriátricos, tanto por parte del Govern como de los propias residencias de ancianos, se han cometido errores de coordinación, déficit en la atención a los internos y si funcionaron los protocolos de prevención ante el coronavirus, entre otros aspectos.
Según fuentes de El Periódico, en algunos casos los protocolos no funcionaron ni para gestionar el aprovisionamiento de bolsas para cadáveres. Los investigadores también tienen indicios que pudieron haber «graves errores» en el traslado entre residencias y al hospital.
