Como es sabido, el separatismo no hace muchos esfuerzos por disimular la animadversión que siente por el Ejército español. Esto se evidenció, por ejemplo, cuando el pasado abril la Generalitat frenó un hospital de campaña para hacer frente al coronavirus en Sabadell con el argumento de que era «innecesario», lo que le valió las críticas del Ayuntamiento de la localidad.
Ahora, de nuevo, el Govern ha descartado la ayuda de los 2.000 rastreadores del Ejército que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto a disposición de las comunidades autónomas. El argumento que se esgrime esta vez es que se dispone de un «sistema propio». Éste hace referencia al programa de la empresa Ferrovial, a la que el Departamento de Salud adjudicó sin concurso público el rastreo y seguimiento de positivos de Covid-19 por un importe de 17 millones de euros. En concreto, la adjudicación se otorgó a Ferroser, una filial de la citada Ferrovial.
El Govern cree que 2.000 rastreadores son insuficientes.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó ha rechazado ya en dos ocasiones recurrir a los especialistas en rastreo del Ejército. La primera fue el miércoles, durante una entrevista en RNE, en la que Budó subestimó del Ejército al considerar que 2.000 militares para todas las comunidades autónomas «no es un número demasiado elevado» —por su parte, ERC fue más rotunda al declarar a Servimedia que hacían falta «más sanitarios y menos militares»—.
Y ayer volvió a descartar la participación de los militares en tierras catalanas alegando que «se han multiplicado los efectivos de rastreo desde el Govern de Cataluña». Eso sí, quiso curarse en salud y matizó: «En este momento no es necesario, pero esto no quiere decir que si en algún momento fuera necesario no podamos pedir lo que consideremos oportuno». En este sentido, añadió: «Si algo hemos aprendido en esta pandemia es a no hablar de manera categórica nunca más».
No descarta pedir el estado de alarma
En este misma línea, Budó tampoco descartó tajantemente que la Generalitat pudiera hacer uso del estado de alarma si éste finalmente fuera necesario. Sin embargo, remarcó que las autoridades sanitarias competentes no lo consideran necesario y que el Govern no tomaría una decisión sin «conocer la letra pequeña de este ofrecimiento».
