EL Parlament de Cataluña ha aprobado esta tarde con 71 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP y 63 en contra de Cs, el PSC-Units, el PP y los cuatro diputados del PDeCAT la nueva Ley de Medidas Urgentes para la contención de los alquileres en 60 municipios de Cataluña. La aprobación viene tras el acuerdo al que han llegado a última hora el Sindicat de Llogaters, ERC, CUP y los comunes con JxCat.
El acuerdo ha salido adelante tras incluir dos enmiendas a petición de JxCat. Así, la nueva ley no limitará el precio de alquiler a los propietarios que tuvieran ingresos inferiores al 2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC), equivalente a unos 2.000 euros mensuales, o cuando los ingresos familiares del arrendatario superen las 3,5 veces ese indicador, unos 3.000 euros mensuales. Además, se ha incluido que el precio del alquiler puede incrementarse en caso de que se hagan remodelaciones y obras de mejora.
PDeCat rompe la disciplina de voto
Por primera vez, los cuatro diputados del PDeCat han votado de forma diferente a JxCat rompiendo la disciplina de voto, lo que evidencia, una vez más, las tensas relaciones entre los dos partidos independentistas. La votación también ha dividido el grupo parlamentario de ERC, ya que los dos diputados de Demócratas, Toni Castellà y Assumpció Laïlla han votado en contra de la aprobación de la ley.
La ley limita el precio de los alquileres de aquellas viviendas que estén dentro de una área declarada como «mercado de vivienda tenso», en el que se incluyen los municipios que cumplan alguno de los tres requisitos previstos: que experimenten un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Cataluña; que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales, y que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC.
En estas zonas con mercado tenso, los contratos de alquiler no podrán superar el precio del último contrato ni la media del precio de los alquileres de la misma zona, mientras que las viviendas de obra nueva quedan excluidas de la normativa para incentivar la construcción de vivienda social.
Una ley «inconstitucional»
Por su parte, el Partido Popular ya ha anunciado durante el debate en el pleno que su partido recurrirá la norma al Tribunal Constitucional y está por ver si también lo hará el Gobierno central, lo que provocaría la suspensión inmediata a la espera de que el Constitucional emitiera una sentencia.
El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ya avisó el pasado mes de agosto que varios de los artículos de la iniciativa incumplen la Constitución y el Estatut. En sus conclusiones, el CGE defendió que diversos artículos que incluye la ley «no encuentran amparo» en el Estatut y vulneran la Constitución, ya que considera que Cataluña no tiene las competencias para llevar a cabo esta regulación, sino que se debería impulsar en el Estado.
El sector inmobiliario también se mostró en contra de la nueva ley que calificaron de «inconstitucional» y consideran que «atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña». Además, aseguran que esta nueva norma afectará a los colectivos más vulnerables ya que verán mermada la oferta de inmuebles y dificultará el acceso.
