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El Gobierno prepara una reforma del delito de sedición que deja la condena del 1-O a 4 años

JxCat rechaza la reforma y ERC asegura que sería una "solución parcial", los dos partidos apuestan por una amnistía para los presos

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez Foto: Europa Press

La reforma del delito de sedición que prepara el ejecutivo de Sánchez podría reducir las penas de los presos del del 1-O a tan solo cuatro años, según fuentes cercanas del Gobierno consultadas por el diario El Confidencial. La rebaja de la pena sería posible al introducir un subtipo en la actual redacción del delito que atenuaría las condenas en los casos que el «alzamiento» no fuera violento.

Esta reforma, que se tendrá que aprobar en una lectura única en un debate parlamentario, sería con aplicación retroactiva, lo que supondrá una reducción automática de la pena de los presos del Procés. Pero también beneficiaría a los políticos fugados como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en caso de extradición a España.

Eso sí, esta reforma no se aplicaría a otros delitos como el de malversación de fondos públicos por el cual también están condenados Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva.

Los independentistas apuestan por la amnistía

La reacción de los partidos independentistas ha sido desigual. Por un lado JxCat rechaza la reforma. La vicepresidenta y portavoz del partido, Elsa Artadi, afirmó en rueda de prensa telemática que «si hay que hacer algo con este delito es suprimirlo» y añadió que todo lo que no sea negociar una «amnistía» para los independentistas presos y una solución «global y política» al conflicto catalán serán solo «parches».

Por su parte, ERC no rechaza la propuesta, pero considera que sería una «solución parcial» y también apuestan por la amnistía. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, afirmó que «si se están planteando modificar el Código Penal es que consideran que la sentencia es injusta» y reiteró que que la amnistía es el instrumento adecuado de solución política a un problema político.

El Gobierno de Sánchez espera poder aprobar la reforma del Código Penal antes de que acabe este año, coincidiendo con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y antes de las elecciones a la presidencia de Cataluña.

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