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Familias en pie de guerra contra Educación por la falta de medios en los centros contra el COVID-19

Famílies per a la Revolta Educativa emprenderá acciones legales contra el Govern, al que acusa de "miserable" y temerario

Aula de un colegio de Sant Ferran de Castelldefels (Europa Press).

1.314 alumnos catalanes han dado positivo en las pruebas del COVID-19 desde que el pasado día 14 comenzaran las clases. Entre el personal docente son 181 los contagiados, mientras que se han confirmado, además, nueve casos de personal externos. Son las cifras actualizadas que ofrece el departamento de Educación, dirigido por el republicano Josep Bargalló, en el nuevo portal Covid-19 als centres educatius. Son también las cifras que reafirman a las más de 8.000 familias que en Cataluña han decidido no llevar a sus hijos al colegio hasta que la Generalitat no les ofrezca garantías de que las aulas son realmente entornos seguros.

Según la información de Educación, hay ya 16.408 personas confinadas en el ámbito escolar, de las cuales 15.114 son alumnos y 1.127 profesores. De los 5.136 centros monitoreados por la Generalitat, hay cuatro cerrados y un total de 789 grupos confinados.

Frente a este panorama, hay más de 8.000 familias que han decidido que sus hijos no acudan a clase. De estas, cerca de 3.000 pertenecen a la Agrupació de Famíles per una Elecció Educativa Segura (AFEES), entidad que, ante la situación actual, se acaba de constituir en asociación bajo el nombre de Famíles per la Revolta Educativa (FRE). Presidida por Sesa Cameán, la asociación no solo promueve la «huelga educativa» sino que, además, ha anunciado que emprenderá acciones legales por la «temeridad» de haber comenzado el curso sin las medidas de seguridad adecuada.

Imprudencia y «actitud miserable»

Las cifras de contagios y confinamientos, desde luego, no son esperanzadoras. Desde la FRE se considera que «era un desastre anunciado«. «La estrategia del wait and see que se ha seguido no es solo una imprudencia«, han denunciado en un comunicado, «es fruto de una actitud miserable«. Por ello preparan una campaña cuyos objetivos serán «revertir los efectos del inicio de curso en términos de transmisión comunitaria» y «luchar contra las agresiones que ha recibido la educación pública en los últimos años en términos de calidad y equidad».

El conseller de Educación, Josep Bargalló (ERC), en una imagen de archivo.

La presidenta de la asociación lamenta que hasta ahora no hayan encontrado respuesta por parte del conseller Bargalló. Pero también se sienten «abandonados» por los sindicatos y las federaciones educativas. «Todos», asegura Cameán, «están reaccionando tarde y sin la contundencia que requiere la situación». De ahí que desde FRE hayan preparado un decálogo de acciones para toda la comunidad educativa que, entre otras cuestiones, plantea la necesidad de que el Govern deje de «cambiar los protocolos y las medidas de seguridad» en los centros. «Denunciaremos pública, administrativa y, si hace falta, penalmente la retirada de las medidas de seguridad», señala la FRE en su escrito, «el curso no se podía iniciar presencialmente con medidas insuficientes y no se puede continuar retirándolas justo cuando la situación comienza a ser crítica«.

Revuelta por la salud pública

La asociación llama a las familias a «una revuelta por motivos de salud pública«. Y es que tienen claro que serán los alumnos los que paguen «la incompetencia de los políticos». Por ello apuestan por «una campaña para pararlo todo«. Además, exigen a Educación que «dé acceso a los contenidos online a los alumnos que no puedan ir a clase por estar en situación de riesgo» o porque su familia se haya declarado en «huelga educativa».

La consellera de Salud, Alba Vergés (ERC).

Desde la FRE acusan a la Administración de «desinformación, opacidad y desorganización» y aseguran que esto es «una fuente de riesgo». La asociación pone como ejemplo «las coacciones, los cambios de criterio constantes, la desinformación y la ocultación de información sobre casos positivos». Y en el decálogo amenaza con recurrir incluso a la Justicia para poner fin a esta situación. En este sentido, además, reclama a los claustros que «denuncien estas situaciones ante las administraciones pertinentes».

El decálogo apuesta también por la movilización de toda la comunidad educativa. Y es que estas familias consideran que se debe actuar «centro por centro para evitar que la transmisión comunitaria que está aflorando tenga resultados irreparables«. En este punto, critican el papel de las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres y madres, que, aseguran, les han «vendido».

Apuestan por un nuevo sindicato

A los profesores, la FRE les pide una «huelga educativa» y que, si hace falta, constituyan «un sindicato independiente«. El objetivo sería un parón «definitivo» de la actividad escolar «una vez constatado el abandono lamentable de los sindicatos». Este profesorado, denuncia la FRE, está trabajando sin las medidas de protección de adecuadas. Y por ello exigen a la Inspección de Trabajo que «actúe» para revisar en qué situación están trabajando estos profesionales. La nueva asociación, por otro lado, apuesta por primar la salud sobre la economía y por ello está de acuerdo con la realización de pruebas PCR en los centros escolares, siempre y cuando se permita a los familiares de los alumnos estar presentes. Además, cree que se debe mantener de entre 14 y 21 días, según «los datos médicos«, y no solo de 10, como ha fijado recientemente la Conselleria de Salud.

Para la FRE, finalmente, no es razonable que centros con más de un grupo confinado permanezcan abiertos, por lo que exigen el cierre de los mismos cuando se dé esta situación. Pero también cuando el centro escolar se encuentre en una zona de contagiosidad media o alta. Algo que, denuncian, se decidió por parte de Educación el pasado 13 de agosto y que no se está cumpliendo.

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