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Desbarajuste estadístico y la respuesta de la UE al Covid-19

Sede de la Unión Europea.

Las guerras han puesto siempre a prueba a las élites gobernantes especialmente cuando sus fuerzas sufrían reveses en el campo de batalla y se veían en la tesitura de ocultarlos o maquillarlos para no poner en peligro la ‘corona’. En los dos últimas grandes conflictos europeos, los gobiernos de los países enfrentados libraron la contienda en las trincheras y en los frentes de guerra, desde luego, pero también en la retaguardia, en casa. Los medios de comunicación de masas, bajo la atenta vigilancia de la censura gubernamental, cumplían su misión de demonizar al enemigo y justificar su aniquilación, de inflar las victorias propias y quitar hierro a los reveses militares sufridos, de exaltar y homenajear a los héroes desconocidos y de mantener fuera de foco el horror de millones de cuerpos mutilados o desfigurados y almas desgarradas de por vida. 

La pandemia de la Covid-19 es también una suerte de guerra en la que los gobiernos se han esforzado en mejorar los resultados de su gestión, maquillando las cifras de fallecidos en algunos casos, y trasladando a la opinión pública la impresión de estar realizando un seguimiento exhaustivo de la epidemia, cuando en realidad están ocultando a sabiendas información esencial para valorar la situación epidemiológica. Casi todos los países que he seguido con cierta atención desde el inicio de la epidemia en Wuhan a finales de 2019, con contadas excepciones, muestran deficiencias estadísticas y errores de contabilización inadmisibles en tiempos donde todas las Administraciones en los países desarrollados cuentan con medios informáticos y un ejército de empleados públicos que permitirían realizar un seguimiento de la evolución de la epidemia en tiempo real.

Estadísticas cojas y bizcas

Algunos países europeos como España, Holanda y el Reino Unido se permiten no proporcionar información a sus ciudadanos sobre el número de pacientes recuperados, una cifra indispensable para calcular los casos activos (restando de los casos totales la suma de fallecidos y recuperados) y poder valorar con mayor precisión la situación epidemiológica. Otros como Francia, publican cifras de recuperados que resultan increíblemente bajas, 115.287, el 29 de octubre, cuando se comparan con las de casos totales, 1.282.769, y de fallecidos, 35.639, por lo que la cifra de casos activos, 1.131.462 (=1.282.769-36020-115.287) resulta completamente inverosímil. Para convencernos de lo absurdo de esta cifra, basta con constatar que Italia con 616.590 casos, la mitad que Francia, presenta una cifra de recuperados, 279.282, que duplica holgadamente la del país galo y un número de casos activos, 299.286, que se sitúa en tan sólo 26,5% de los casos activos en Francia; o que Bélgica con 368.337 casos, un tercio de los casos de Francia, contabiliza 333.198 recuperados, casi tres veces la cifra de Francia.

Si los gobiernos de países desarrollados e instituciones democráticas como España, Francia y Holanda no son capaces de contabilizar los recuperados en un episodio epidémico tan grave o presentan datos contrarios al sentido común, pueden ustedes imaginarse qué puede estar ocurriendo en países en vías de desarrollo con gobiernos autoritarios o de escasa calidad democrática. En mi artículo “China: ¿ángel o demonio?” publicado la semana pasada en este diario comenté extensamente las deficiencias de las estadísticas de Covid-19 en la República Popular China y sus implicaciones sobre el éxito del gobierno para controlarla. Irán es uno de los países con más casos (596.941) desde el inicio de la pandemia y sus estadísticas respetan al menos las reglas de la aritmética, aunque el número de fallecidos, 34.113, es sospechosamente bajo y el de recuperados, 472.598) sospechosamente elevado.

El caso de España es, desde el punto de vista estadístico, el más aberrante de todos los países de nuestro entorno porque, como he denunciado en otros artículos, además de que el gobierno dejó de dar cifras de recuperados el 18 de mayo y no proporciona información durante los fines de semana, el descontrol del gobierno Sánchez es de tal entidad que se ve obligado a cambiar las cifras de casos todos los jueves, impidiendo a ciudadanos e investigadores hacer un seguimiento preciso de la evolución de la epidemia. Para no dejar las cosas en el aire, permítanme precisar este asunto sin remontarnos demasiado lejos en el tiempo. El miércoles 14 de octubre, el número de casos era, según fuentes del Ministerio de Sanidad, 937.311, pero subió a 959.640 tras la revisión del jueves 15 de octubre y a 979.994 tras la revisión del jueves 22 de octubre: la diferencia entre la última cifra y la primera es 42.684; y el miércoles 21 de octubre la cifra de casos era 1.046.641, pero un día después tras la revisión del 22 de octubre pasó a 1.069.535, y a 1.113.033 tras la revisión del jueves 29 de octubre. Con esta variabilidad de las cifras de casos a toro pasado, resulta sencillamente imposible hacer un seguimiento preciso de la epidemia.

Las deficiencias en las estadísticas de la Covid-19 que acabo de comentar por su importancia o magnitud indican que las élites gobernantes en muchos países europeos, pese a haber completado casi todos ellos su formación en instituciones académicas más o menos respetables e incluso ostentar el título de doctor en algunos casos, exhiben una preocupante inclinación a saltarse las cuatro reglas básicas de la aritmética y una maestría en el arte de refrescar, no la manzanilla como dijo el bueno de Machado, sino las cifras de la pandemia. En esta primera gran crisis humanitaria desde el final de las grandes guerras europeas, los ciudadanos hemos podido constatar la imprevisión e ineficacia de unos gobernantes prepotentes y pagados de sí mismos, más preocupados por maquillar su gestión y retener el poder a toda costa que en salvar las vidas de los ciudadanos de a pie. 

El plan de la UE ante el Covid-19

De la interminable y tormentosa reunión del Consejo Europeo celebrada los días 17-21 de julio, salió un doble iniciativa para hacer frente a los efectos del Covid-19. A corto plazo se pone en marcha un plan de emergencia denominado Iniciativa de Recuperación para la Próxima Generación (Next Generation Recovery Effort, NGRE) que se encuadra dentro del horizonte más amplio del Marco Multianual Financiero (Multiannual Financial Framework) de la UE para 2021-27 . El objetivo es promover programas de “inversión pública y privada masivos para situar la Unión en una senda de recuperación sostenible y resistente, creando empleo y reparando los daños ocasionados por la pandemia Covid-19, al tiempo que fomentando las prioridades verdes y digital de la Unión”.  

Para ello, se autoriza a la Comisión a endeudarse por una cuantía máxima de 750.000 millones hasta finales de 2026 y destinar los fondos obtenidos a financiar programas de los Estados miembros para hacer frente a los daños ocasionados por la pandemia. De ese total, 390.000 millones se destinarán a programas de gasto y 360.000 a conceder créditos a los Estados que lo soliciten, condicionados a aceptar un plan d amortización que los prestatarios tendrán que completar antes de 2058. A través del Fondo de Recuperación y Resistencia (Recovery and Resilience Facility, RRF) creado el 16 de agosto se canalizarán 312.500 millones destinados a transferencias y los 360.000 millones destinados en préstamos, y el resto de fondos, 77.500 millones, se canalizará a través de diversos programas de gasto. 

Como en todos los programas de la Unión, las ayudas están condicionadas y sujetas a la supervisión de la Comisión. En concreto, los planes de actuación propuestos por cada Estado deberán ajustarse a las recomendaciones semestrales específicas establecidas por el Consejo para cada Estado, y contribuir a avanzar en las cuatro dimensiones acordadas en la Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021: sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica. Las principales áreas en las que se supone se han de realizar las reformas e inversiones son las siguientes: tecnologías limpias y renovables; eficiencia energética de los inmuebles; transporte sostenible y estaciones de recarga; despliegue de servicios de banda ancha; digitalización de las Administraciones; almacenamiento en la nube y procesadores sostenibles; y educación y capacitación digital. Los planes deberán además satisfacer dos requisitos: el 37% del gasto deberá destinarse en “inversiones relacionadas con el clima” y el 20% a promover la transformación digital.

El límite a los Estados miembros para presentar los planes de actuación terminó el 15 de octubre y la Comisión dispone de un plazo de dos meses para evaluarlos y remitirlos al Consejo que deberá aprobarlos en un término de 4 semanas. A continuación, los Estados podrán solicitar los fondos concedidos y la Comisión dispondrá de 2 meses para librarlos. En síntesis, los fondos empezarán a estar disponibles no antes del inicio de la primavera de 2021, más de un año después de la irrupción de la pandemia, y se destinarán mayormente a financiar proyectos medioambientales y digitalizar las Administraciones y la Enseñanza, no a resarcir a los Estados de los gastos excepcionales ocasionados por la Covid-19. 

Aunque la respuesta de la UE llega una vez más tarde y mediatizada por unos objetivos cuando menos discutibles, hay que reconocer que la puesta en marcha del RRF ofrece una buena oportunidad a los Estados para presentar proyectos que permitan aplicar las nuevas tecnologías al control de la pandemia, mejorar la eficiencia energética de los inmuebles y avanzar en la digitalización del sistema educativo y en general del trabajo. Además, contar este recurso multilateral puede ayudar a disipar las dudas de los inversores sobre algunos Estados que, como España, han registrado caídas del PIB especialmente severas en los tres primeros trimestres de 2020 (4,2% en el primer trimestre, 21,5% en el segundo trimestre y 8,7% en el tercer trimestre) y presentan ratios deuda/PIB muy elevados (110,2% a finales de junio 2020).

Una UE desgobernada y desnortada

Los gobernantes de la UE, quizá con la excepción de Alemania, presentan unos números que con frecuencia violan las reglas de la aritmética y el sentido común y cuya magnitud testimonian su estrepitoso fracaso en la gestión de una epidemia cuya elevada transmisibilidad y letalidad eran conocidas a mediados de enero, y cuya prolongación durante varios trimestres amenaza con arruinar cientos de miles de empresas, deteriorar la solvencia de las entidades financieras, reducir aún más las ya menguadas tasas de crecimiento del empleo y elevar las muy elevadas tasas de paro, y poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas y el estado de bienestar en la acomodada UE. De momento, el número de víctimas oficialmente atribuidas a la pandemia en el territorio de la UE a 29 de octubre asciende a 161.449 (215,116 incluyendo el Reino Unido) y la caída el PIB en el segundo trimestre de 2020 fue 11,4%, con España a la cabeza de la clasificación con una contracción histórica de 21,5%.

diferencia de la República Popular China, la UE fue incapaz de responder a la crisis creada por la irrupción de la Covid-19 en Lombardía (Italia) con agilidad y visión unitaria, y el resultado es que diez meses después de detectarse los primeros casos a finales de diciembre de 2019 en Italia y Alemania, la epidemia está creciendo de manera descontrolada y con renovadas energías en todos los países de la Unión, y cada Estado e incluso cada región o ciudad  están adoptando medidas apenas coordinadas y de dudosa eficacia. Las instituciones europeas con vocación más ejecutiva, el Consejo y la Comisión, continúan ensimismadas y empecinadas en que “el masivo plan  de inversión pública y privada” acordado por el Consejo en julio “siente las bases para una recuperación sostenible y resistente, creando empleos y reparando el daño inmediato, causado por la Covid-19, al tiempo que fomentan las prioridades verde y digital de la Unión”, dando por sentado que estos y no otros son grandes retos a los que se enfrenta la UE a corto y medio plazo.

Sin pretender ser exhaustivo, quiero dejar aquí unas cuantas preguntas que los gobernantes de la UE harían bien en hacerse y responder con claridad y honradez:

Primera: ¿Por qué China controló la epidemia entre los meses de enero y mayo y ha logrado normalizar la vida social y la actividad económica dentro de sus fronteras mientras que los países de la UE continúan inmersos en ella y sin visos de lograr controlarla hasta que dispongan de una vacuna efectiva? Quizá ha llegado el momento de analizar si las instituciones actuales de la Unión son adecuadas para afrontar crisis financieras como la vivida en 2007-2008, o episodios epidémicos cuya repetición no podemos descartar en el futuro. 

Segunda: ¿conviene a la UE seguir impulsando políticas verdes de carácter regional que aumentan los costes de producción de las empresas localizadas en la UE y fomentan la deslocalización de las actividades contaminantes a países con estándares medioambientales más laxos? Las consecuencias de estas políticas unilaterales son menos actividad y menos puestos de trabajo en la UE y mayor contaminación a nivel global.

Tercera: ¿En la persecución de sus objetivos medioambientales, no debería la UE diseñar impuestos medioambientales que graven la contaminación incorporada en los bienes importados de países cuyos estándares medioambientales son más laxos? No se trata de penalizar a las empresas localizadas en esos países sino de someter a todos los productores a los mismos gravámenes y exigencias medioambientales para que puedan competir en igualdad de condiciones.

Cuarta: ¿puede la UE seguir haciendo la vista gorda y mantener el libre intercambio de bienes y servicios con países cuyas autoridades mantienen un estricto control del tipo de cambio, para favorecer sus exportaciones y dificultar las importaciones, y no actúan con la diligencia debida para acabar con la fabricación de falsificaciones y productos registrados elaborados sin licencia? El libre intercambio puede aumentar el bienestar de todos los partícipes, pero el librecambio con reglas trucadas favorece siempre al jugador ventajista.

Quinta: ¿qué puede hacer la UE para que sus empresas cuyos costes laborales se incrementan por los elevados impuestos que gravan la contratación de asalariados (cotizaciones sociales) y los elevados estándares sociosanitarios exigidos en los centros de trabajo puedan competir con otras que se han localizado en países donde los salarios son mucho más bajos y la actividad laboral se desarrolla en entornos laborales insalubres? Estas políticas están reduciendo el empleo y aumentando el paro y la pobreza en la UE.

Las tecnologías limpias y la digitalización sin más no van a resolver los tremendos retos a los que se enfrentan las acomodadas y envejecidas sociedades europeas, amenazadas no tanto por la globalización como por la falta de determinación de sus gobernantes para abordar los desajustes y problemas que ésta ha creado. La lentitud y dificultad de alcanzar acuerdos para hacer frente con rapidez a perturbaciones graves del status quo, quedó patente durante la crisis financiera de 2007-2009 y el período recesivo 2008-2013, y ahora de nuevo, si bien con consecuencias más letales, durante la pandemia de la Covid-19. La UE necesita un gobierno federal capaz de responder con agilidad y visión unitaria en las próximas décadas a los graves conflictos que ha planteado la globalización, si aspira a ser algo más que una mera curiosidad museística en 2058.

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