La exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuelas de Cataluña y otras comunidades es una de las cuestiones que más rechazo suscita en el constitucionalismo —rechazo que avalan tanto los tribunales españoles como la UNESCO, que siempre ha defendido que la lengua materna sea vehicular en la enseñanza—. Sin embargo, PSOE, Podemos y ERC acaban de dar un paso decisivo en la defensa de tan cuestionado sistema. Los tres partidos han pactado una enmienda al proyecto de nueva ley educativa que suprime la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España.
La nueva formulación, que se aprobará el jueves en la ponencia de la Lomloe del Congreso, sustituye la referencia actual por otra que simplemente establece que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a estudiar en las lenguas oficiales de cada territorio de acuerdo a lo previsto en la Constitución y los estatutos de autonomía, según explica el diario El País. Así, dicha enmienda suprimirá la frase que reza que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares», que a juicio de Esquerra y los partidos nacionalistas entra en contradicción con el monolingüismo vehicular que ellos defienden.
Una enmienda que agrada al nacionalismo
En concreto, la nueva redacción establece que al finalizar la etapa de enseñanza obligatoria los alumnos deberán tener un «dominio pleno» tanto del castellano como de la lengua cooficial que exista en su comunidad, siendo las Administraciones educativas autonómicas las que velarán por que se cumplan dichos objetivos. Esta reformulación agrada más a los partidos nacionalistas, con cuyos votos cuenta el la coalición gobernante para sacar adelante la reforma de la ley educativa.
Cabe recordar que tanto PSOE como Podemos siempre han sido firmes defensores del sistema de inmersión. Sus argumentos son que las pruebas PISA revelan que los alumnos catalanes poseen conocimientos de castellano similares a los del resto de España —obviando que dichas pruebas en Cataluña se realizan en catalán— y que el la exclusión del español como idioma vehicular solo molesta a la derecha, que usaría dicho asunto como arma política.
La AEB se plantea movilizarse contra la ley
«Lo que se avecina con esta enmienda es muy grave. Que nuestra ley de Educación no garantice la vehicularidad del castellano avala que muchos alumnos no puedan estudiar en su lengua en su propio país. Por culpa además de una decisión puramente política, que no cuenta con ningún respaldo pedagógico», relata a El Liberal la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada.
La noticia, sin embargo, no ha cogido por sorpresa a la asociación: «Que el Gobierno excluyese del debate sobre la ley Celaá a la comunidad educativa ya nos hizo sospechar que podía estar ideándose una abuso de estas características». Debido a ello, la AEB se plantea recurrir a todas las herramientas a su alcance «para luchar contra este atropello legislativo, incluidas movilizaciones».
